El 13 de noviembre de 1992, en torno a las 20,00 horas, fueron secuestradas en la localidad valenciana de Picassent tres niñas del vecino municipio de Alcàsser cuyos cuerpos aparecieron 75 días después, el 27 de enero de 1993, semienterrados y con evidencias de una tortura extrema. La alarma inicial, la posterior búsqueda desesperada y el aterrador hallazgo provocó entonces una intensa conmoción y levantó un enorme eco mediático. Ahora, casi 30 años después, este clamor sigue vivo para amplificar la parte de la investigación que aún sobrevive en los juzgados, pero también en forma de producciones audiovisuales, documentales o de ficción.

Detrás de esa supervivencia en los tribunales está también la acusación popular que ejerce en el caso la Asociación para la Lucha contra el Crimen y la Prevención (Laxhsmi), fundada por el criminólogo Félix Ríos y que pretende dar un enfoque forense actual a la causa e intentar resolver algunos interrogantes aún pendientes.

La verdad judicial, los hechos probados de la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Valencia en septiembre de 1997, dice que «Miguel Ricart, en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del Tribunal -Antonio Anglés-, y posiblemente de alguna otra persona más» secuestraron a las tres adolescentes, de entre 14 y 15 años, para satisfacer sus deseos sexuales.

Las víctimas fueron sometidas a violaciones y torturas extremas en una casa abandonada en la partida de La Romana (Tous), próxima al pantano del mismo nombre, cuyas ruinas forman ya parte del imaginario colectivo, y al amanecer del día siguiente fueron ejecutadas y enterradas en una fosa que sus asesinos conocían, pues les había servido con anterioridad para ocultar una moto robada.

El Supremo confirmó este fallo, apuntó que las niñas fueron objeto de «un tormento tan inexplicable como insufrible» y que «la increíble acumulación de males y padecimientos, que hubo de provocar en las tres víctimas un grado de dolor físico y psíquico por encima de toda ponderación, no pudo ser obra sino del inhumano deseo de hacer sufrir, porque no cabe lógicamente otra explicación».

Únicamente condenó a Ricart, que tenía entonces 28 años, había sido legionario y era padre de una niña. Sobre él cayó una pena de 170 años de prisión, aunque solo cumplió 21 -salió en 2013- al beneficiarse de la derogación de la doctrina Parot. Ahora tiene 52 años. Él fue considerado culpable de tres delitos de asesinato, cuatro delitos continuados de violación, en concurso ideal con tres delitos de rapto, con las circunstancias agravantes de despoblado y ensañamiento.

Las fuentes del caso señalan que las acusaciones que apuntaron durante el juicio a la posible participación de otra persona lo hicieron pensando en alguien del entorno de Anglés, puesto que sus hermanos conocían la zona de La Romana donde fueron torturadas las menores, e incluso sabían de la existencia del arma con la que se efectuaron los disparos mortales.

Otro factor apunta a la posible participación de más asesinos, al margen de Ricart y Anglés: el relato de testigos que aseguraron haber reconocido al primero en un bar de Catadau, donde acudió a comprar bocadillos -se dijo que «tres o cuatro»- en compañía de un desconocido. Además, no existió prueba biológica alguna que situase a Ricart, ni a Anglés, en los escenarios del crimen.

Pelos, señales e indicios

El pasado octubre, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, que dirige la investigación de la parte del caso que sigue abierta -la enfocada en localizar a Anglés-, ordenó que se inspeccionaran de nuevo los coches de Ricart y Anglés con las actuales técnicas forenses. El objetivo: estudiar la posible existencia de restos biológicos de las menores en su interior. Igualmente, se mandaron analizar pelos de los que entonces no se pudo extraer ADN, por si ya fuese posible.

Precisamente, la labor investigadora se centra en hallar evidencias de la presencia de Anglés en los escenarios de este triple crimen, por si apareciera con vida, para garantizar que responde ante la Justicia por los hechos de los cuales se le considera responsable.

Fuentes del caso insisten en que, pese al eco de cada movimiento del juzgado, la investigación está agotada y únicamente queda abierta una pieza para localizar a Anglés. Asimismo, apuntan que no es posible reinvestigar lo ya investigado, y aunque el testimonio de Ricart pareciese en su día insuficiente a ojos de la opinión pública, existen otros muchos elementos en la causa que corroboran su versión.

La fecha de prescripción de los delitos estaba marcada hasta hace pocas semanas en diciembre de 2029, por cumplirse entonces los 20 años del último movimiento judicial dirigido a la localización de Anglés; fue la investigación de varias llamadas y correos electrónicos recibidos por la hermana del fugitivo, y resultó infructuosa.

Un reciente informe pericial traza con detalle la huida de Anglés entre el 27 de enero de 1993 desde su domicilio hasta su llegada a Lisboa, donde embarcó en el mercante City of Plymouth rumbo a Dublín. Es generalizada la impresión de que las pesquisas de la policía irlandesa respecto a la tripulación de aquel buque no fueron del todo rigurosas. Así, hay quienes concluyen sin dudarlo que el polizón que descubrieron y encerraron en un camarote era Anglés; básicamente, porque su imagen fue reconocida por los marineros antes de que supuestamente se arrojara al agua.

Sin embargo, hay quienes creen que contó con la ayuda de alguien para saltar del barco y llegar a las costas irlandesas, y que sigue vivo.