El alcalde de Puebla de Don Rodrigo afirmó ante la sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que siempre actuó «de buena fe» y nunca le pareció que «estuviera haciendo nada malo» respecto a las obras del velatorio municipal entre el verano de 2014 y de 2015. Rincón, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación para cargo público tras la denuncia que presentó el grupo local ‘X Puebla’, defendió su inocencia en la segunda parte del juicio que se sigue contra él por un delito de prevaricación por la adjudicación de las obras del tanatorio por el método administrativo y no mediante licitación pública, que es como se debería haber hecho según la Fiscalía.
Respaldado por concejales y alcaldes de diez municipios, representantes de la Diputación Provincial y de la Junta, que acudieron a mostrarle su apoyo, Venancio Rincón se mantuvo tranquilo durante más de una hora de interrogatorio, en el que respondió a todas las preguntas de la Fiscalía, la acusación popular y su defensa.
El edil socialista recordó que ese modo de proceder «es el habitual» en ayuntamientos pequeños «sin posibles» y tan aislados como el suyo, donde carecen de asesoramiento técnico, «excepto las dos veces al mes» que la secretaria municipal pasa por el Consistorio. Indicó, asimismo, que en Puebla este forma de licitar las obras «se ha hecho así toda siempre» tanto con él como con «anteriores equipos de Gobierno» con el fin de «ahorrar costes» y dar trabajo a la gente del pueblo mediante los planes de empleo. «Eso sí, si sé que después me voy a ver aquí, no lo hubiera hecho», pronunció ante la magistrada.
La Fiscalía mantiene que el alcalde se saltó la ley al hacer una obra que superó el 10 % del presupuesto municipal y que el edil «ignoró» los diferentes informes que emitió la secretaria municipal advirtiendo de que el procedimiento «no se ajustaba a la legalidad».
Respecto al primer reparo expuesto por la secretaria, el alcalde explicó que se sorprendió al verlo «por que siempre se ha hecho por vía de la administración», a lo que ella le respondió que su deber era informarle de que no era el procedimiento, «pero que siempre se había hecho así y no pasaba nada». Ante esto, Rincón contestó al fiscal jefe, Luis Huete, que levantó el reparo con una obra ya avanzada porque era «imperiosa» en Puebla, donde estaban velando a sus muertos «en la calle y en una sala de 30 metros».
Sobre el aumento del coste de la obra del tanatorio que primero se proyectó con una sala y que se amplió a dos, y pasó de 90.000 a más de 300.000 euros, Rincón señaló que se hizo «según llegaban subvenciones» y que se contrató a las empresas locales «por proximidad y porque el precio se ajustaba a mercado». De igual modo, contrató a dos oficiales que estaban «parados» y que siempre el Ayuntamiento ha recurrido a ellos por su capacitación.
Negó que haya ocultado información al pleno, de lo que le acusaron el concejal que inició la denuncia, Daniel Blasco, y el que fuera alcalde del PP, Juan Carlos Araujo, que declararon ayer en el juicio junto a dos concejalas del PSOE y el PP, el representante legal de la empresa que suministró los materiales y el jefe de obras municipal.
proceder «correcto». El abogado de la defensa, Rodrigo Caballero, que sigue con su solicitud de la libre absolución, declaró tras el juicio que la actuación que se hizo en las obras del velatorio «es totalmente correcta desde el punto de vista administrativo» y que las irregularidades que se tratan de demostrar «son de carácter menor» y comunicadas siempre con posterioridad a la toma de decisiones administrativas.
Por su parte, el alcalde de Anchuras, Santiago Martín, uno de los ediles en mostrar su apoyo a Rincón, indicó que son decisiones que se toman a diario y «seguro que a veces nos equivocamos». Aseguró que esto va a suponer un «duro enfrentamiento» en Puebla de una dimensión que quien ha interpuesto la denuncia «no ha calculado».