Muy lejos de recuperar el gasto social previo a la crisis

Carmen Ansótegui
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En 2018 dedicó a este capítulo casi diez millones de euros menos que en 2009. No obstante, el gasto por habitante en políticas sociales de la región fue de 2.535 euro, casi 100 más que la media nacional

La inversión en la región es hoy un 15% inferior que hace 10 años. - Foto: Alberto Rodrigo

Castilla-La Mancha continúa «muy lejos» de recuperar el gasto en servicios públicos esenciales previo a la crisis. En 2018 dedicó a este capítulo casi diez millones de euros menos que en 2009, lo que supone que se queda un 15% por debajo de la inversión realizada en tiempos de bonanza. Así lo concluye el último estudio presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que compara el gasto realizado por las distintas comunidades autónomas en las áreas de educación, sanidad y servicios sociales.
Si se analiza la situación media a nivel nacional, el documento concluye que el gasto social autonómico en España es un 3’4% inferior a los momentos previos a la crisis. CLM queda así en la cola del ranking, sólo por detrás de Cataluña, cuyo gasto social es todavía un 20% inferior al realizado hace una década. No obstante, Gustavo García, coordinador de informes y estudios de la asociación, asegura que se trata de casos «muy distintos», porque mientras la inversión en Cataluña va en caída, en Castilla-La Mancha se puede decir que la tendencia es positiva.
De manera que Castilla-La Mancha podría estar tardando más en «salir del pozo» debido a que «partía de mucho gasto social y de un recorte escandaloso», concluye Gustavo García, quien destaca por otra parte que sí ha aumentado la cuantía destinada a políticas sociales en la última legislatura. De hecho, el gasto por habitante es de 2.535 millones de euros, lo que supone casi 100 euros más que la media nacional.
En términos generales, la tendencia en los últimos años es, por tanto, «buena» pero desde la asociación advierten de que en 2018 se ha producido «un frenazo» por la inestabilidad política. Así, afirman que «el estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro».  
En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, el estudio concluye que la Junta de Comunidades invierte un porcentaje del presupuesto total ligeramente superior al de la media nacional, concretamente un 0’5% más. También tiene un promedio mayor de gasto por habitante. Si en 2018 cada español gastó de media 2.420 euros en políticas sociales, en la región la cifra es 115 euros superior.
Tres patas. Atendiendo exclusivamente al área de sanidad, queda trabajo por hacer, ya que el pasado año se destinaron 370 millones de euros menos que en 2009, es decir, casi un 12% menos. No obstante, cabe destacar que los castellano manchegos gastan más por habitante y año en este capítulo, ya que alcanzan los 1.366 euros, cuando la media estatal desciende hasta los 1.295 euros.
Los resultados en educación son peores. Es el territorio que está más lejos de recuperar la inversión previa a la crisis, cuando invertía 308 millones de euros más. «Aquí no se han terminado de resolver los recortes», asegura el experto, quien resalta que es de las comunidades que dedica un porcentaje menor a la educación. Además, también tiene un promedio inferior a la media en gasto por habitante. De hecho, mientras cada vasco destina a este capítulo 1.250 euros, en Castilla-La Mancha cada ciudadano aporta sólo 813 euros, 27 menos que la media del país.
A juicio de Gustavo García, la verdadera «asignatura pendiente» de la región es, el gasto dedicado a servicios sociales. A esta función se le dedicó en la comunidad 260 millones de euros menos que hace una década, o lo que es lo mismo, un 26’5% menos, aunque el gasto por habitante (355 euros) vuelve a ser superior a la media (283 euros).
Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales alertan del peligro que supondría para el gasto social que se prolongue la inestabilidad política, ya sea por falta de acuerdos o por la convocatoria de unas nuevas elecciones. Aseguran que una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, tendría un gran impacto en la prestación de estos servicios sociales esenciales.