Desde el curso 2014/2015, Castilla-La Mancha cuenta con una unidad destinada a vigilar la seguridad de los profesores de toda la región y a atender aquellas situaciones que se produzcan en el marco educativo con compañeros, familias o los estudiantes. Se trata de la Unidad de Atención al Profesorado que el pasado curso atendió 10 casos en la provincia de Ciudad Real, la mitad de los que se produjeron el anterior, dentro una caída generalizada detectada en toda las provincias, salvo Albacete, así como en el total regional. En concreto, durante el curso anterior hubo 118 casos que acabaron en esta unidad y el pasado fueron 102, según el documento al que ha tenido acceso La Tribuna. La cifra es la más baja de los cuatro cursos en los que se ha publicado esta memoria, ya que en 2015-2016 fueron 23 los casos en la provincia y 116 en toda Castilla-La Mancha, mientras que en el curso 2014-2015 hubo 21 incidentes ciudadrealeños y 121 en la región.
«Aunque en múltiples casos coinciden varios motivos como desencadenante se ha procurado hacer una clasificación fiable de los mismos», se indica la memoria, donde se expone que los insultos y amenazas (26 casos en la región), siguen siendo los incidentes más frecuentes, seguidos de la agresión verbal (16) y difusión de injurias y calumnias en redes sociales (14). Este último apartado «ha aumentado bastante en relación con el curso anterior». El último aspecto es el posible uso indebido de grabaciones sin permiso, 11 incidentes. Solo en tres ocasiones hubo una agresión física durante el curso 2017-2018 en la región según los datos recogidos en el informe de la Unidad. «El mayor número de incidentes está provocado en centros de educación Infantil y Primaria por madres, seguido de familia y padres y en centros de Secundaria por alumnos», se explica.
De los diez casos que se produjeron en la provincia de Ciudad Real, ocho ocurrieron en centros de Infantil y Primaria de la provincia y dos en institutos, siempre en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2018. De estos incidentes en dos ocasiones fue necesario activar el protocolo Seguridad Profesorado y llamar al Servicio de Atención de Urgencia, todas ellas por hechos ocurridos en colegios. Esas dos atenciones por los servicios de emergencia es el menor dato de estos cuatro cursos con la unidad, ya que el curso anterior hubo siete; nueve en la 2015-2016; y tres, en el primero en el que se desarrolló esta unidad.
Además, hubo tres denuncias por hechos ocurridos, en exclusiva, en centros de educación infantil de la provincia. El curso 2016/2017 hubo cinco denuncias y el anterior fueron siete. Hay que tener en cuenta que no siempre es el centro educativo o el profesor el que inicia la denuncia y, por ejemplo, de las 21 que se han realizado en Castilla-La Mancha durante el curso 2017-2018 solo ocho parten de la dirección, tres del profesorado y dos por órganos directivos, secretaría o jefatura de estudios. El resto han sido realizadas por padres tres y cuatro por madres y en un caso hubo una denuncia conjunta de la familia junto a la dirección del centro. Toledo con 12 denuncias es la provincia con más incidentes efectuados en centros educativos. «Hasta la fecha, se han tramitado cinco solicitudes de asistencia letrada, todas ellas han sido resueltas favorablemente. En un caso la docente afectada se ha procurado asistencia por sus medios», se indica.
Mejoras y personal. Durante el curso escolar, la plantilla de la unidad ha estado constituida por dos asesores técnicos docentes adscritos al Servicio de Organización Educativa y Escolarización, que compaginas la unidad con otras funciones que son competencia del servicio, al igual que el curso anterior. Cada incidente se desarrolla en función de cuatro fases que implican contacto, descripción y ordenación, respuesta y seguimiento. «En cuanto a la respuesta desde la Unidad de Apoyo al Profesorado, siempre que es posible, se sugieren medidas alternativas a la vía judicial, como el proceso de reparación de daño moral» y «este curso, por primera vez, se ha informado a una docente sobre la posibilidad de solicitar la reparación de daños materiales», se explica en la memoria, en referencia a cómo evitar la vía judicial.
Además de los datos, la memoria incluye elementos a mejorar como la contratación de una póliza de seguros para la asistencia letrada a docentes de centros públicos y privados concertados, pendiente de efectuarse, así como el proceso de solicitud de asistencia letrada del profesorado. También se reclama mayor difusión del órgano y un sistema para mejorar el contacto con jueces u ofrecer apoyo psicológico a los docentes.