Asmicrip ampliará sus instalaciones con ayuda de la Junta

EFE
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El Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará con 90.000 euros en las obras de ampliación en las instalaciones de la Asociación de Personas con Discapacidad de Campo de Criptana y Comarca

Asmicrip ampliará sus instalaciones con ayuda de la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará con 90.000 euros en las obras de ampliación que se están ejecutando en las instalaciones de la Asociación de Personas con Discapacidad de Campo de Criptana y Comarca (Asmicrip) y que este lunes ha visitado la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo.

Esta ampliación permitirá el aumento de los servicios que ya presta la asociación como Psicología, Logopeda, Fisioterapia o Trabajo Social y la puesta en marcha de otros nuevos como Neuro-Rehabilitación, "un servicio novedoso en Castilla-La Mancha", según ha destacado en una nota la Delegación Provincial.

Olmedo ha destacado el crecimiento de Asmicrip en sus 25 años de historia, especialmente en estos últimos cuatro años, ya que ha pasado a tener una subvención de 40.000 euros del anterior Gobierno regional a los casi 200.000 euros del año pasado.

Al respecto, la delegada ha recordado que el actual Ejecutivo autónomo ha destinado más de medio millón de euros a esta asociación que trabaja en beneficio de un colectivo "de gran vulnerabilidad social", como son las personas con discapacidad.

Asmicrip es una asociación de ámbito comarcal, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que representa al colectivo de las personas con discapacidad física, psíquica y orgánica de Campo de Criptana.

En la actualidad cuenta con 12 profesionales que atienden, solo en el centro ubicado en la Villa de los Molinos, a 170 personas de toda la comarca.

Por otro lado, Olmedo ha subrayado la relevancia que va a tener para entidades como esta asociación la reciente aprobación por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley del Tercer Sector Social de la región, que nace con el objetivo de ordenar, definir y apoyar a las entidades sociales, "de forma clara, transparente, consensuada y sostenible”.

La nueva ley, dotada con 300 millones de euros, regulará un sector que agrupa a más de 5.000 entidades, cuenta con 400.000 beneficiarios y da trabajo a 6.300 profesionales.