PSOE y Unidas Podemos llegaban la pasada semana a un acuerdo que implicaba en la práctica que no se podrán realizar desahucios a familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras se mantenga vigente el estado de alarma, según informaron entonces fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. El actual decreto vigente que impide este tipo de desahucios finaliza el próximo 31 de enero y con esta extensión, la coalición de Gobierno ha pactado prolongar el parón hasta mayo, cuando caducará el segundo estado de alarma aprobado en España para parar la expansión del coronavirus.

Un pacto que puso sobre la mesa la situación de los desahucios en mitad de la pandemia, que según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial han remitido de forma notable desde que la crisis sanitaria se instaló en España. Desde enero y hasta este pasado mes de septiembre, los juzgados ciudadrealeños han dado luz verde a 75 desahucios, lanzamientos en términos judiciales, cuando el año pasado, en ese mismo periodo, las cifras se duplicaban, hasta llegar a más de 180. Afinando la estadística, desde la primavera, ya con el COVID-19 convertido en un elemento más del día a día, el parón resulta todavía más significativo: solo se han realizado 22 lanzamientos por los 119 de 2019.

En Ciudad Real, los desahucios que se han llevado a cabo este 2020 afectan más a impagos de casas en alquileres (54) que en propiedad (20), algo que viene pasando en la provincia desde 2017

ocupación de viviendas. El Gobierno ha anunciado que no permitirá los desahucios para familias vulnerables y «dará cobertura» a aquellas otras, también en esa situación, que ocupen viviendas sin tener contrato mientras dure el estado de alarma, siempre que los propietarios sean grandes tenedores -fondos de inversión y titulares de más de diez propiedades-. En estos casos, deberá probarse la precariedad económica del ocupante ilegal de la vivienda con un informe de los servicios sociales de las comunidades autónomas en un plazo de tres meses, siempre durante el estado de alarma. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial también aborda las cifras del problema de la ocupación en Ciudad Real, apenas 16 viviendas y 27 procedimientos abiertos en los tribunales de la provincia para que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.