Finalmente ha sido la posición intermedia la que ha salido adelante. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) dio luz verde ayer al recorte de entre el 4,5 y el 6,67 por ciento planteado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para las masas de agua declaradas en riesgo en el Alto Guadiana, concretamente para seis de ellas: Mancha Occidental I y II, Rus-Valdelobos, Sierra de Altamira, Lillo-Quintanar y Consuegra Villacañas. La decisión supone ‘meter la tijera’ en los volúmenes de extracciones que se destinan para el riego pero en menor medida de lo que planteaba la CHG, que proponía un 10%, mientras que las organizaciones agrarias y las comunidades de agua abogaban por ‘recortes cero’. De hecho, los agricultores se mostraban ayer en contra de ese recorte del 5% «porque no está motivado» y avanzaban que afectará a unos 20.000 regantes sólo en la zona de Mancha Occidental I y II.
Se aceptó la propuesta de la administración regional mientras que se mantuvieran otras medidas de ajuste, como la eliminación de las acumulaciones de agua de pozos. El presidente del organismo de la cuenca, Samuel Moraleda, informó de estos acuerdos tras la celebración de dicho órgano de decisión ayer por la mañana en Ciudad Real, al mismo tiempo que en la calle los agricultores, convocados por las organizaciones agrarias, mostraban su rechazo ante cualquier posible recorte.
El régimen de extracciones para la próxima campaña será en las masas de agua Mancha Occidental I y II y Rus-Valdelobos de 1.900 metros cúbicos por hectárea para los cultivos herbáceos y 1.400 para los leñosos, lo que supone una reducción del 5 y del 6,67 por ciento, respectivamente, ya que la dotación actual es de 2.000 metros cúbicos para los herbáceos y de 1.500 para los leñosos.
En el caso de las masas de agua subterráneas Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar y Sierra de Altamira las dotaciones serán de 2.100 metros cúbicos por hectárea para herbáceos y de 1.400 para leñosos, lo que supone en este caso una reducción del 4,5 y del 6,67 por ciento, respectivamente.
Moraleda explicó que dicho órgano había considerado que se trataba de una propuesta que conseguía un «equilibrio» entre los intereses económicos de la agricultura y los objetivos medioambientales. «Se han visto y examinado los informes que han emitido las distintas juntas de explotación de estas masas y se ha acordado aceptar la propuesta formulada por los representantes de la comunidad autónoma en lo que se refiere a los ajustes en el régimen de extracciones manteniendo el resto de la propuesta que efectuó el organismo de cuenca», afirmó el presidente de la CHG.
La propuesta de ajustes de las extracciones serán reversibles de producirse precipitaciones generosas que mejoren las reservas de los acuíferos, uno de los aspectos que destacó la Junta de Comunidades.
Moraleda justificó los recortes en que vienen analizando los niveles de agua de las masas de agua subterráneas que están declaradas en riesgo y «se ha constatado que no se ha revertido la tendencia decreciente de los niveles piezométricos, lo que está produciendo un agravamiento en el estado cuantitativo de las masas». Se refirió al estado de alerta o emergencia que presentan algunas masas y que de acuerdo al Plan Especial de Sequía, se «exige que se ajusten las dotaciones en el régimen anual de extracciones y, además, se recomienda que para los usos de abastecimiento de boca e industriales se reduzca en las entidades locales las dotaciones un 10 o 15% en función de si es de alerta o de emergencia».
Respuesta a agricultores. Moraleda aprovechó para contestar a algunas de las críticas realizadas por las organizaciones agrarias. La primera, la afirmación de que este año ha habido un mayor volumen de precipitaciones. «No es así», replicó el presidente de la CHG quien matizó que en lo que va de año hidrológico la precipitación es de 80 litros, menos que las medias
acumuladas. En segundo lugar, respondió a las críticas de los regantes sobre que los datos de los acuíferos están «tergiversados». En este sentido, explicó que mensualmente se miden los niveles piezométricos en más de 250 puntos de los acuíferos, «que no hacen sino confirmar el descenso generalizado en los niveles de aguas subterráneas». En cuanto a la tercera acusación, la de «errores en la planificación», indicó que entre marzo y abril ha habido cuatro sentencias del Tribunal Supremo que han desestimado los distintos recursos contra el Plan Hidrológico de cuenca, «considerando esas sentencias que la determinación efectuada por el organismo se ajustaba a derecho».