La nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 16 de junio y que introduce varias novedades, no ha generado un freno significativo en la firma de contratos de compraventa de viviendas en la provincia, ya que se está llevando a cabo «una adaptación de manera diligente y fluida», según informó a este diario el decano del Colegio de Notarial de Castilla-La Mancha, el ciudadrealeño Luis Fernández-Bravo. 

«Por parte de las entidades bancarias hay un periodo de adaptación, pero por parte de la dirección general de registros y de notariado se han elaborado varias instrucciones de desarrollo para las llamadas operaciones en vuelo, las que estaban lanzadas antes de la entrada en vigor de la ley, que fue el 16 de junio, y se trata de que no se paralice el tráfico hipotecario como consecuencia de la aprobación de estas disposiciones», informó Fernández-Bravo en relación a la transición entre una y otra ley. 

Entre las principales novedades que introduce esta nueva normativa destaca el hecho de que se refuerza la fase precontractual, de manera que se marca un plazo de diez días «forzosos» para dicha labor de información y asesoramiento previos a la firma del contrato y el análisis de la documentación que deben remitir las entidades financieras, de manera que los notarios puedan aclarar las dudas a los clientes que tengan previsto la adquisición de inmuebles. 

Fruto de ello resulta la elaboración de un acta notarial previa, que es «totalmente gratuita» y que sirve para hacer efectivo el principio de transparencia a la hora de concertar este tipo de operaciones, que tienen gran trascendencia para los clientes, ya que en muchos casos supone la operación económica más importante que realizan y que les vincula para un periodo determinado de años. 

 «No se ha producido una parálisis, si no que, por el contrario, las entidades bancarias ya tienen ofertas de financiación y están enviando la documentación a las notarías con arreglo a la ley nueva y las notarías ya están recibiendo la información y autorizando actas previas», agregó el decano del Colegio Notarial sobre unos cambios legislativos que se están «asumiendo bien» por los agentes implicados. 

Fernández-Bravo también se pronunció en relación a las críticas que han surgido en relación con el hecho de que en la legislación se asigne a la figura del notario la labor de información sobre el préstamo, una cuestión sobre la que el decano indicó que, si bien el asesoramiento financiero «escapa de la función del notario», sí está en el ADN de estos profesionales el asesoramiento jurídico, si bien apuntó que los clientes interesados también pueden buscar de parte un asesoramiento financiero acerca de la operación que desean concertar. 

En esta labor de información y asesoramiento los notarios tratarán, prosiguió Fernández-Bravo, de corregir la llamada ‘asimetría informativa’, es decir, el desequilibrio en cuanto a conocimientos que se produce entre una parte, la bancaria, habituada a este tipo de operaciones y términos financieros, y la correspondiente a los clientes, que sólo toman contacto con este tipo de información de manera muy puntual. Por lo que respecta a las principales dudas de los clientes, Fernández-Bravo indicó que principalmente se centran en las consecuencias que puede tener el impago del préstamo o si no puede abonar alguna mensualidad. Por otra parte, indicó que la ley aclara el reparto de gastos, de manera que el prestatario paga exclusivamente la tasación y el resto el banco.