La patronal agraria Asaja ha encargado a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) un estudio sobre los costes de producción de los principales cultivos de la región. ¿El objetivo? Hacer una foto fija de los costes de los principales cultivos, y que la Junta de Comunidades la tome con referencia a la hora de hacer valer la reforma de la ley de la cadena alimentaria. Una ley que si bien no termina de convencer a Asaja, que la considera «insuficiente», sí habla de garantizar por contrato los costes de producción efectivos a agricultores y ganadores.

Como se defiende desde Asaja, el gran reto para 2021 es conseguir que se reconozcan unos costes de producción de referencia por producto. Y es que, «a todos los eslabones de la cadena les cuadran las cuentas menos a los agricultores. En vez de premiar su esfuerzo, aumentan las importaciones, sin valorar la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el cuidado medio ambiente de las producciones nacionales».

Este estudio corre a cargo del departamento de Economía Agraria de la UCLM y está liderado por el profesor Sebastián Castillo. En estos momentos, ya se está trabajando en el cálculo de los costes de producción de cultivos como la uva, los cereales, las oleaginosas, los frutos secos y el olivar.

El estudio en sí consiste en hacer un muestreo de las facturas de los agricultores de los dos últimos años, con el objetivo de poner ‘negro sobre blanco’ cuánto cuesta producir alimentos en la región y que este coste de producción efectivo sea la referencia de los operadores a la hora de firmar los contratos de suministro con los productores. O lo que es lo mismo, que no se firmen contratos por debajo de estos valores.

Asaja tiene previsto actualizar este estudio cada dos años y que la Junta de Comunidades lo asuma como referencia a la hora de marcar a nivel regional los costes efectivos de producción.  

No hay que olvidar que la reforma de la normativa de la Cadena Alimentaria apunta que estos costes  pueden estar determinados por «entidades reconocidas» por la administración y «nuestro reto es este, hacer un estudio real e independiente», según se insiste desde Asaja. En estos momentos, comunidades como La Rioja en materia de uva, o Andalucía, ya trabajan en esta línea.

Con todo, Asaja no tiene previsto abandonar la faceta más reivindicativa. No hay que olvidar que el campo estaba manifestándose en todo el territorio nacional cuando llegó la pandemia del Covid-19, en contra de los bajos precios, en muchos casos por debajo del de coste, y los desequilibrios de la cadena alimentaria. Movilizaciones que, por cierto, gozaron de un gran respaldo social. Y, si bien la pandemia les hizo abandonar estas protestas «para dedicarnos a abastecer de alimentos a la población», cuando la situación lo permita «daremos un puñetazo en la mesa y continuaremos movilizándonos», se avisa ya desde la organización agraria.

Este verano ya se llevó a cabo un estudio similar sobre los costes de producción de la uva en la región

Este estudio ya tiene un precedente en Castilla-La Mancha, Asaja presentó el pasado agosto un informe sobre los costes de producción de la uva, también en colaboración con la Universidad regional.

Un trabajo que estaba basado en el informe nacional, avalado por distintas universidades españolas, y que fue adaptado a las características de Castilla-La Mancha. En su elaboración no solo se tenía en cuenta  los costes directos estándar, como los de la poda, abonado y la recolección.

Un estudio que, entre otras conclusiones, apuntaba ya que los costes  de producción de las principales variedades de uva en Castilla-La Mancha son más elevados en la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas que en la de La Mancha, independientemente de si es viñedo de secano o de regadío.