El último informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso de los Diputados empeora su diagnóstico sobre la situación del sistema de la Seguridad Social y certifica que se encuentra en su conjunto en quiebra técnica tras registrar 100.000 millones de euros de pérdidas acumuladas desde 2010.

Así, según su análisis, se encuentra en un contexto de «patrimonio neto negativo» que anticipa que la situación no ha mejorado el pasado año en España.

Pese a esta situación, la quiebra del sistema no tiene las implicaciones de una empresa privada, al existir garantía del Estado. De hecho, una compañía normal no podría seguir operando con ese agujero y tendría que declarar la quiebra e iniciar su disolución, pero al ser un sistema público no rige la legislación mercantil. Por ello, el Tribunal de Cuentas reclamó medidas urgentes a los partidos políticos.

El informe, aprobado el 30 de mayo, extiende el patrimonio neto negativo a todo el conjunto del sistema con un patrimonio neto negativo actual de 13.720,6 millones.

Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, Octavio Granado, cuantificó en 32.000 millones el patrimonio neto negativo de 2018.

El Tribunal de Cuentas centró el problema en las constantes pérdidas del sistema a lo largo de la crisis y urgió a los partidos políticos del Pacto de Toledo a actuar. «Resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable, dicha situación», defendió.

Además, apostó por que el Gobierno siga aportando financiación estatal mediante «transferencias corrientes de la Administración General», y no hacerlo así mediante la concesión de nuevos préstamos, una solución que llevaron a cabo el Ejecutivo del PP en 2017 y del PSOE en 2018 para solventar el pasivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez pidió un préstamo por 13.830 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros en marzo con el que hará frente a la paga de este verano de las pensiones.

La institución consideró que los préstamos son contraproducentes al dejar a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia.

Mientras, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, declaró que las pensiones son «sostenibles» e indicó que el informe del Tribunal de Cuentas se corresponde al año 2017, tras lo que se han tomado medidas como el alza del salario mínimo y el aumento de las cotizaciones que ayudan a «garantizar» el mantenimiento futuro» y que las pensiones suban con el IPC. Montero se mostró «convencida» de que se logrará un acuerdo en el Pacto de Toledo y verán la luz nuevas medidas, como trasladar parte del coste del sistema a los Presupuestos.