La tasación real de 597.000 parcelas, en el punto de mira

I. Ballestero
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La tasación real de 597.000 parcelas, en el punto de mira - Foto: Fotos Rueda Villaverde

El Plan de Objetivos del organismo para este año incide en la obtención del valor real de bienes rústicos y en investigar la titularidad de 460.000 bienes urbanos

La Dirección General del Catastro ha situado en el eje de su actividad para este año la revisión de la tasación real de las parcelas rústicas y de cultivo, para ajustar ese valor a la realidad del mercado. Ésa es una de las líneas maestras que se incluyen desde el organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda en su Plan de Objetivos para este año, y que pone bajo la lupa del órgano directivo a cerca de 600.000 cultivos y bienes rústicos en la provincia de Ciudad Real. Además, dentro de las investigaciones que el Catastro pondrá en marcha a lo largo del ejercicio también está la que se encargará de comprobar la titularidad real de bienes e inmuebles de naturaleza urbana, alrededor de 460.000 registrados en la provincia de Ciudad Real, para acabar con las discrepancias que según reza su plan de actuación se detectan entre las declaraciones que los ciudadanos presentan a la hora de dar cuenta a la Agencia Tributaria de sus ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y lo que figuran en los propios datos del Catastro.
Las metas en torno a las cuales van a girar las actuaciones a llevar a cabo por parte del Catastro en un ejercicio se plasman negro sobre blanco en un documento anual que se resume como el Plan de Objetivos del organismo, que diferencia en él entre las actuaciones de prevención y las de control. En las primeras se incluyen las investigaciones que el Catastro va a desarrollar de manera preferente a lo largo de un ejercicio, y es ahí donde se estipulan las dos antes mencionadas. Por un lado, el órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda se plantea lo que llama la «depuración de cultivos», esto es, «no sólo su correcta valoración catastral sino la obtención de un valor de referencia de bienes de naturaleza rústica ajustado a la realidad del mercado». Por otro, y como actuación preferente, también marca la «depuración de titulares», una actuación que considera «fundamental» para conseguir «los principios de generalidad y justicia tributaria», y que pretende «reducir el número de discrepancias entre la información declarada por los ciudadanos en el IRPF y lo presente en el Catastro, así como realizar las oportunas labores de investigación de titulares desconocidos».
En cifras, los dos objetivos del Catastro atañen a más de un millón bienes e inmuebles en la provincia de Ciudad Real. En un territorio eminentemente agrícola, el objetivo del órgano directivo de depurar la titularidad y la tasación conforme al valor real de mercado de los cultivos incide en las 597.032 parcelas que el Catastro tiene registradas en al provincia de Ciudad Real, una superficie rústica de más de 1,95 millones de hectáreas. La labor de inspección del Catastro pretende, en este sentido, depurar la titularidad de estos bienes y cultivos, y también tasar su valor real del mercado. En la actualidad, el valor catastral de los cerca de dos millones de hectáreas calificadas como rústicas en territorio ciudadrealeño está en 1.683,86 millones de euros, según los propios datos de la Dirección General del Catastro, que deberá confirmar con sus actuaciones este extremo.
También tendrá una ingente tarea si pretende acometer uno de sus objetivos al detalle en la provincia de Ciudad Real, el de aclarar la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, un total de 461.415 en todo el territorio. El valor catastral del suelo donde se ubican estos inmuebles supera los 6.800 millones de euros, y el valor catastral de los inmuebles en total está por encima de los 20.047 millones, aunque en este caso el objetivo es aclarar la propiedad de los mismos. De las 255.418 parcelas urbanas, en la provincia hay edificadas 222.811, y en 203.000 de ellas el propietario del suelo es también el propietario de la construcción. El objetivo es comprobar que esas propiedades son efectivas, y hacerlas coincidir con las declaraciones en el IRPF.