Varón de origen magrebí, de entre 16 y 17 años, que ha entrado en España por Algeciras es el perfil de los llamados menas (menor extranjero no acompañado)que están en un centro de acogida de Ciudad Real bajo la tutela de la Junta y la supervisión de la Fiscalía de Menores. 

En el sistema de protección hay actualmente en Ciudad Real 31 menores extranjeros, cifra que supone un tercio del total de adolescentes tutelados por la Comunidad de Castilla- La Mancha. Cinco de los 31 han llegado a Ciudad Real este año, algunos durante el confinamiento, y el resto el curso anterior, incluso unos cuantos están desde octubre de 2018 cuando hubo una avalancha de entrada de menores extranjeros en España. 

La fiscal delegada de Menores, Carmen López de la Torre, explica a La Tribuna que se actúa igual que en el caso de un menor nacional en situación de desamparo. La competencia es de la entidad pública, de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, aunque supervisa la Fiscalía de Menores. 

Ciudad Real acoge a un tercio de los menas llegados a CLM - Foto: Rueda VillaverdeTodo menor extranjero que llega a España sin un adulto responsable de él, apreciándose riesgo de desprotección pasa a estar tutelado por la entidad pública. Tras ser localizado se le inscribe en el Registro de Menores Extranjeros no acompañados de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil coordinado por la Fiscalía General del Estado. 

Desde el momento en el que se constata la situación de desamparo se asume la guarda «de forma inmediata» y con posterioridad la declaración de desamparo y asunción de tutela. Pasan a un centro u hogar de acogida, pero «también ha habido casos en que tal y como ingresan se fugan sin que dé tiempo material a llevar a cabo esos procedimientos de declaración de desamparo y asunción de tutela», indica la fiscal López de la Torre, quien añade que este año no se han producido fugas, pero sí hubo alguna el año pasado.

Explica que hay un centro específico donde se lleva a cabo la primera acogida y luego van a otros en función de su edad y circunstancias. Siempre se les hace un reconocimiento médico y este año las pruebas de detección de COVID-19 antes de ingresar en los centros u hogares de acogida.

También se comprueba la documentación del adolescente, en caso de que la lleve, y se verifica si efectivamente es menor de 18 años mediante unas «pruebas óseas de mandíbula y muñeca que son las más fiables» y que se completan con un examen médico del forense. En caso de que sean mayores de edad cesa la medida de desamparo y tutela y quedan fuera del sistema de protección. 

Del mismo modo, se llevan a cabo las gestiones necesarias para saber si tiene familia o a alguien en la provincia y cómo han llegado a España porque puede existir algún tipo de engaño, ya que se ha dado el caso de un menor extranjero con familiares viviendo en un municipio de la provincia que no querían hacerse cargo de él. En estos casos queda «un poco difuminada» la situación de menor extranjero no acompañado, señala.

La fiscal delegada de Menores y su compañera de la Fiscalía son muy rigurosas y exigentes en el seguimiento y supervisión que hacen de los menores tutelados. Al menos cada seis meses Bienestar Social tiene que mandar a la Fiscalía un informe indicando cualquier tipo de incidencia, salidas, permisos, discusión y hasta una simple caída o torcedura, cualquier cosa que afecte al menor tutelado. La evolución «es buena», asegura la fiscal López de la Torre tras indicar que se interesan por todos los aspectos de la vida del menor, sus estudios y estado de salud. 

En los últimos años ha cambiado el perfil de los menas. Llegan en mejor estado, aunque las condiciones en su país no sean buenas hasta el punto de arriesgar su vida. «Están a 15 kilómetros de España y buscan un futuro mejor», apunta.