Tras más de diez años de «sufrimiento» y «calvario», los cuatro empleados públicos que prestaron servicio en el Ayuntamiento de Valdepeñas han sido absueltos de los delitos de falsedad en documento público en concurso medial con un delito de fraude a la Administración Pública de los que les acusaban responsables del citado ayuntamiento y el Ministerio Fiscal.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga que no son autores de estos delitos, es decir que no «alteraron» o «modificaron» el padrón para eludir el pago de impuestos relativos a vehículos, plusvalía y tasa de basuras como sostenían el letrado de la acusación particular (Ayuntamiento de Valdepeñas) y la fiscal.

M. C. G. P., que era la jefa de negociado de Tributos del Consistorio; E. J. M. H. M., auxiliar administrativo; su mujer L. T. B., personal laboral; y R. R. R., que hacía labores de inspector de tributos, se enfrentaban a penas de hasta cinco años de cárcel que pedía la acusación particular. La fiscal solicitaba para los tres primeros cuatro años y seis meses de cárcel y nueve meses de multa para el cuarto.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso La Tribuna, la Sección Primera de la Audiencia juzga probado que a partir de 2008 se produjeron «multitud de irregularidades» en el Servicio de Tributos que afectaron a seis vehículos en los que se detectó su baja de forma que no se abonaron los impuestos de 2009 a 2011. En expedientes de plusvalía también se detectaron errores o retrasos en la liquidación y en la tasa de basura referida a varios domicilios. En muchos casos, según la sentencia, se realizaron finalmente las correspondientes liquidaciones, aunque de manera global tras iniciarse un expediente administrativo y aflorar las irregularidades sin que se haya llegado a acreditar que los encausados, con propósito mendaz, fueran los que actuaran en esos expedientes y archivos con el fin de beneficiarse de ellos o sus allegados del impago de los impuestos.

El abogado Jesús Fernández Pacheco, que ha ejercido la defensa de la exjefa de Tributos, ya subrayó en su informe final que un error aritmético «no es un fraude». En su encendida defensa, Fernández Pacheco recalcó que se habían liquidado todos los expediente y en los relativos a la plusvalía aseguró que obedecían a irregularidades o, lo que es peor, no se tenían que haber liquidado. Del mismo modo, defendió la extinción de condominio, ya que «los usufructos no se liquidan».

El Tribunal tras analizar cada uno de los hechos imputados y a la luz de la prueba practicada concluye que los acusados deben ser absueltos, ya que lo que se constata es un «amplio cúmulo de irregularidades» en el Servicio de Tributos del Ayuntamiento de Valdepeñas en el que no es posible deslindar actuaciones que puedan calificarse de delictivas en consonancia con los delitos que las acusaciones dicen cometidos.

 «Deducir de un error de cálculo o un retraso una conducta falsaria exige algo más que la constatación del error o el retraso, sobre todo cuando se quiere asociar ese error o retraso a un delito de fraude a la administración pública en su modalidad dolosa, como hace el abogado de la acusación particular», resalta el Tribunal en la sentencia pormenorizada y bien fundamentada.

Los magistrados consideran que existe un «evidente déficit» de prueba incriminatoria y, por tanto, procede la absolución.

Los acusados proclamaron su inocencia en la vista oral celebrada en mayo y ayer respiraron al conocer la sentencia. «Se ha hecho justicia y mi representada puede descansar tras el calvario que ha venido padeciendo desde hace más de 10 años», aseguró a este diario el abogado Jesús Fernández Pacheco.