El Defensor del Pueblo es el último recurso cuando un ciudadano se ha quedado sin posibilidades de reclamar a otra administración alguna injusticia. A él se apela por muchos motivos, aunque 2018 quedará como uno de los años en que menos quejas se han elevado hasta el organismo, no solo en la provincia sino en toda España, donde se reducen las peticiones de ciudadanos ante resoluciones educativas, sanitarias o de vivienda. En la provincia, en cifras esta reducción implica que solo hubo 181 expedientes de quejas procedentes de la provincia, un 63,36 por ciento menos de los que se tramitaron en 2017, cuando se dio la cifra récord de 494 quejas con origen cualquier municipio de la provincia. Además de las quejas hubo una petición desde la provincia para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Ciudad Real reduce sus quejas más que la media española, que cae en un 32,4 por ciento, y más que la región donde pasa de contar con el 44,46 por ciento de todos los expedientes castellano-manchegos a solo el 20,76 por ciento, el resto de provincias eleva su relevancia en la región. La caída es tan pronunciada que Ciudad Real es la octava provincia que más desciende en el número de expedientes, aunque el dato se sitúa en la media de los últimos años, salvo ese 2017, en que hubo entre 190 y 170 expedientes.
actuaciones. Por otra parte, el Defensor del Pueblo señala una actuación de oficio en Ciudad Real, en concreto ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por los retrasos en la atención médica a un interno de avanzada edad del Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan.
Por otra parte cita en su informe 2018 a dos ayuntamientos de la provincia, Tomelloso y Torrenueva, por responder a sus peticiones al tercer y último requerimiento de la entidad.
Mientras, el defensor incluye tres recomendaciones en su informe a administraciones de la provincia. Se trata del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, por unas plazas de Policía Local; a Santa Cruz de Mudela, por las tasas de la escuela infantil; y Villamanrique, por las bases de su certamen de poesía.
Por último hubo seis recordatorios del deber legal de tramitar la información al Defensor del Pueblo, entre ellos a los ayuntamientos de la capital o Socuéllamos.