El Ejecutivo de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar en Consejo de Gobierno, antes de que acabe este mes de diciembre, el Anteproyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, texto que podría iniciar su tramitación parlamentaria en Cortes en el nuevo periodo de sesiones que arranca en enero.

Así lo ha confirmado a Europa Press la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que se muestra confiada en que el Parlamento autonómico apruebe esta norma "antes de verano" y por unanimidad, dado el apoyo que el anteproyecto ha concitado entre PSOE, PP y Cs en su proceso de tramitación.

"Los tres grupos siempre han expresado que lo que interesa es apoyar a las personas LGTBI que sufren algún tipo de discriminación, violencia o situaciones que les hagan la vida difícil. Es deseable que se apruebe por unanimidad en un momento en que la ultraderecha está siendo muy injusta con las personas LGTBI y otros colectivos que conforman la sociedad y que tienen tanto derecho a ser respetadas por los demás", ha defendido Fernández.

De ahí que haya mostrado su deseo de que las Cortes de Castilla-La Mancha puedan "dar ejemplo" y aprobar por consenso una norma "en la que se ha trabajado mucho, que está muy consensuada y que no pretende agredir a nadie", pues va a favor de los derechos fundamentales. "En definitiva, solo puede haber polémica si se busca la polémica", ha precisado.

Y es que la responsable de Igualdad del Ejecutivo castellanomanchego ha insistido en que se trata de un texto muy participado, que se ha sometido a un periodo de participación y dos de exposición pública y que ha recibido centenares de alegaciones. "Hemos procurado incorporar muchas cuando entendíamos que tenían sentido positivo, porque mejoraban el texto o corregían algún error".

"Hay entidades que han alegado porque no están de acuerdo con este tipo de normas y, para conseguir que no se aprueben, buscan todas las herramientas posibles. Pero hemos procurado analizar las propuestas sin sectarismo, no mirando de dónde venían. En general, hemos visto un gran espíritu constructivo", ha destacado Fernández, que ha agradecido la aportación de las asociaciones, que llevan muchos años trabajando.

Una ley con memoria económica para 2022

En otro orden de cosas, y pese a asegurar que las leyes autonómicas LGTBI se parecen mucho unas a otras, pues lo que buscan es proteger a una parte de la población de una discriminación, ha apuntado que la castellanomanchega recoge el hecho singular de que la región sea una zona eminentemente rural.

"Somos una de las últimas comunidades en aprobar una norma de estas características y esto nos ha servido para ver qué funciona o qué no de otras. Lo que pretendíamos nosotros es que esta ley fuera muy útil, con cosas reales y tangibles. Uno de sus valores es que nace con una memoria económica. De hecho, los presupuestos de 2022 incluyen partidas presupuestarias para su desarrollo", ha destacado.

De igual modo, ha recordado que el texto contempla la creación de un servicio integral para atender a las personas del colectivo LGTBI que sufran discriminación o rechazo social o familiar, ofreciéndoles prestación jurídica, psicológica o social.

Dicho esto, la consejera de Igualdad ha descartado que la aprobación del anteproyecto regional se haya retrasado por la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley trans y de derechos LGTBI, achacando la demora a la pandemia.

"Toda ley precisa de mucha tramitación administrativa y el hecho de que todos los esfuerzos del Gobierno regional, que durante muchos meses del 2020 han estado centrados en la lucha contra la pandemia, ha hecho que todo lo demás pasara a segundo plano. Tal es el caso de esta ley, que ha sufrido un retraso de 8 ó 10 meses, que no habría sufrido esta demora, si no hubiera sido por el COVID", ha insistido.

Modificación de la ley LGTBI en Madrid

Por último, la responsable de Igualdad de Castilla-La Mancha ha desechado que la modificación o derogación de la ley LGTBI en Madrid pueda provocar 'sexilio' hacia la región, pues considera que la sociedad es mucho "más abierta y tiene más altura de miras que algunos políticos".

Sobre esta cuestión, Fernández ha alertado que sería "un error" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cediese a un "chantaje" de Vox, pues hay valores, como los de este colectivo, a los que "no se puede renunciar".

"La señora Ayuso ha comprado a Vox esto de que no hay que colectivizar a las personas, aunque no sé muy bien qué quiere decir, porque se pasan el día colectivizando a los progres o a los inmigrantes. Colectiviza para lo negativo, pero no para la defensa de los derechos de los que sí conforman un colectivo", ha criticado.

"El error de partida no es tanto si se van a modificar unas leyes, que es lo que dice ahora Ayuso, aunque no dice cómo ni en qué sentido, sino que es un chantaje para la derogación de esas leyes. Es lógico que el sentir general sea recibir con bastante desconfianza ese anuncio", ha afirmado.

Por último, Blanca Fernández ha terminado apelando a la necesidad de trabajar en favor de las personas, de la libertad y del cumplimiento de los derechos y de las obligaciones. "Trabajar en contra de las personas es un error. Ojalá en la Comunidad de Madrid se reconduzca esta situación porque las personas del colectivo LGTBI no tienen que pagar el pato o ser el chivo expiatorio de un acuerdo de presupuestos con Vox", ha concluido.