Cinco años han pasado desde que la última gran victoria del antichavismo en Venezuela. Fue el 6 de diciembre de 2015, cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición opositora ahora desaparecida, firmó un histórico resultado, su primer triunfo electoral de peso en 17 años, consiguiendo 109 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional -un 56,2 por ciento de los votos-.
Fue el primer varapalo de Nicolás Maduro, quien, lejos de perder el Poder Legislativo, creó un nuevo organismo, la Asamblea Nacional Constituyente, para quitar poder a un Parlamento en el que ahora mismo hay dos presidentes: uno, el antichavista Juan Guaidó, que, como tal, asumió el cargo de «presidente encargado» hace un año. Otro, Luis Parra, elegido por la mayoría oficialista y desertores de la oposición. El caos ha sido constante en la Cámara que ahora busca conformarse de nuevo.
Las elecciones, tal y como sucedió en 2018 -en los comicios generales en los que se impuso Maduro- no contarán con la participación de los principales bloques contrarios al Gobierno. Una decisión que, precisamente, generó fracturas entre los numerosos partidos que se oponen al chavismo. Mientras líderes como Guaidó o Leopoldo López insisten en que no quieren participar de «esta farsa», otros como el excandidato presidencial Henrique Capriles piensa que con esta ausencia se pierde «una oportunidad» de seguir impulsando el proceso democrático. Por eso, la coalición que triunfó hace cinco años, la MUD, es impensable en estos momentos, y algunas formaciones obviarán las directrices de Guaidó y sí concurrirán en las urnas.
A pesar de estas bajas, los comicios de este domingo serán los que cuenten con la mayor participación de la historia. Unos 14.400 aspirantes -de los que más de 13.000 son antichavistas- se disputan 277 escaños -110 más que en las últimas parlamentarias-. Un incremento muy superior a la anterior cita, en la que participaron 1.799 candidatos para 177 asientos.
Aunque la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea ya han adelantado que no reconocerán los comicios, al alegar que no pueden ser vistos como democráticos, estos comicios se presentan como un plebiscito para ambos bandos.
Por un lado, Maduro lo ha planteado como un referéndum a su mandato y, tal y como aseguró hace unos días, en caso de que el chavismo no gane, él mismo dejará la Presidencia y abrirá «una nueva etapa». Es por ello que desde el oficialismo intentan animar a la población -más de 20,7 millones de electores- a que acudan a votar -se teme una gran abstención, avivada, además, por la pandemia-, aprovechando que los grandes bloques opositores no concurren, para que, con una alta participación puedan alegar un repaldo masivo a sus planes y, por tanto, una legalidad de los comicios.
Por el otro, Guaidó ha fiado su continuidad como «presidente encargado» al respaldo de la comunidad internacional en «no reconocer esta farsa» y a una consulta popular que se celebrará como rechazo a las parlamentarias entre el 5 y el 12 de diciembre. En ella se preguntará a los ciudadanos si rechazan «el evento del 6 de diciembre», si piden «el cese de la usurpación del Presidencia» por parte de Maduro y si quieren «elecciones libres, justas y verificables». Eso sí, al igual que las parlamentarias, no cuenta con la transparencia que la ciudadanía exige para evitar la manipulación o el engaño posterior de los resultados.
La pugna entre ambos bandos seguirá de cara al 5 de enero, cuando se prevé que la nueva Cámara tome posesión. «La salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este Gobierno» se decidirá en seis meses, aseguró en enero de 2016 el entonces jefe del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, cuando la oposición tomó el mando de la institución. Ahora, cinco años después, poco ha cambiado, salvo que el antichavismo no optará a revalidar su triunfo de 2015.