«No se está juzgado la vida sexual de la denunciante, una joven de 20 años que es libre para decidir cómo y con quién desea mantener relaciones sexuales», dejó sentado la fiscal del caso Gema Romero tras elevar a definitivas sus conclusiones provisionales y mantener la petición de una condena de 11 años y seis meses de cárcel para Víctor G. R. al considerar que ha quedado probado que es autor de un delito de agresión sexual (violación) y otro de amenazas. El letrado Ángel Rico, que ejerce la acusación particular, eleva a 15 años la petición de pena, mientras que el abogado Francisco Víctor, que defiende al procesado, solicita la absolución al sostener que fue una relación consentida. Trató de desmontar la tesis de las acusaciones y alegó sentimientos de animadversión de la denunciante hacia su cliente.
Sin embargo, la fiscal y el letrado Ángel Rico niegan que el odio o la animadversión muevan la acusación de violación. Para el letrado de la acusación particular, hay un elemento «indiscutible»: los mensajes, los whatsapps enviados por el procesado y los cruzados con la denunciante antes de verse la noche del 15 de abril de 2018.
Precisamente, la fiscal comenzó su alegato recordando que el procesado, de 21 años, y la denunciante de 20, ambos de Porzuna, se conocen desde que ella tenía 12 años. Desde entonces han mantenido encuentros de índole sexual. Ella reconoció ante el Tribunal de la Audiencia de Ciudad Real, que ha enjuiciado los hechos, que él le dio le primer beso, que empezaron a ‘tontear’ y que en marzo de 2018 mantuvieron una relación sexual «plena y consentida», después otra, que empezó siendo voluntaria, pero en la que ya observó una conducta de él que no le gustó. «Ojalá hubiera denunciando entonces porque no se habría producido la tercera relación, la violación», aseguró en el juicio, en una sala de vista abarrotada de familiares y amigos del procesado, que lleva año y medio en la cárcel y que ha contado con el respaldo de estas personas.
Aun así, «con la cantidad de público favorable al su agresor», la joven «se ha mantenido firme en su declaración, remarcó Ángel Rico tras recalcar que aquella noche Alba estaba en casa de unos amigos, de fiesta, bromeando. El procesado y ella se cruzaron whatsapps «amigables e incluso jocosos», hasta que él le dijo que si no bajaba, difundiría un vídeo en el que aparecía ella manteniendo relaciones sexuales. «Esta amenaza venció su voluntad, la hizo ceder. Fue a su encuentro para hablar, no para tener relaciones sexuales consentidas como dice el encausado», subrayó el letrado de la acusación, quien concluyó que Víctor G. R. «violentó la libertad sexual de Alba, la forzó».
Prueba de cargo. La fiscal añadió a este respecto que el procesado la «doblegó y conminó para que accediera a sus pretensiones: «le dijo te tengo grabada y si no vienes lo va a ver todo el mundo». La joven «presa de miedo acudió» y fue víctima de una violación también bajo amenazas de muerte». Para las acusaciones, la prueba de cargo es clara».
La defensa discrepó abiertamente y dijo que no se sostiene el relato de la denunciante, que no ha sido persistente, que hay muchas contradicciones y que adolece de incredibilidad subjetiva. El letrado se refirió al informe forense, en el que se dice que la denunciante solo presentaba una mínima erosión y ningún signo de la bofetada, empujones y tirones de pelo que le dio. «No hay lesiones, ni existió tal violación», aunque «ella le haya acusado e incluso haya dicho que ha violado a otras chicas y que es bipolar», dijo el letrado.