El TSJ informa al CGPJ sobre la orden de alejamiento contra el juez

Diego Rodríguez
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El Consejo General del Poder Judicial es el único competente para adoptar las medidas que procedan hacia el titular del Juzgador Número 1 de Puertollano, que ha pedido baja médica

El presidente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la situación por la que atraviesa el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Puertollano contra el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Badajoz dictó este pasado lunes una orden de alejamiento solicitada por su expareja, tal y como informó La Tribuna en su edición de ayer.

Fuentes acreditadas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha consultadas por este diario explicaron que el órgano político de los jueces ya se encuentra al tanto de este caso y, en el supuesto de que sea necesario, adoptará las medidas que procedan. No en vano, el Consejo General del Poder Judicial es el único órgano competente para tomar decisiones de este calado.

El auto dictado por el juzgado pacense recoge «la prohibición al imputado de aproximarse a menos de 500 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o donde quiera que se encuentre la denunciante, así como comunicar con ella por cualquier medio». La juez que dictó la orden vio suficientes «indicios de criminalidad» en los hechos denunciados.

Incluye, así mismo, otras medidas cautelares de carácter penal, como «la suspensión cautelar del derecho del imputado a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente», y también establece en dicha orden de protección otras medidas de naturaleza civil, como la «atribución de la guarda y custodia de los hijos comunes», menores de edad, «a favor de la madre», aunque establece que el magistrado «podrá estar en compañía de los menores un régimen de visitas consistente en fines de semana alternos, con pernocta», estableciendo la entrega a través de una tercera persona. Además, debe pagar «mensualmente» a la madre de sus hijos «200 euros por cada hijo».

Por parte del acusado, su abogado, Óscar Franco Bermúdez, declinó pronunciarse sobre el caso de su cliente,  de ahí que se aún se desconoce si finalmente recurrirán esta sentencia. Asimismo, este magistrado ha cursado un parte de baja por enfermedad.