Delegados de los sindicatos Acaip-UGT y de CSIF de las cárceles ciudadrealeñas de Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan se han sumado a la protesta de Madrid convocada por las centrales sindicales para exigir que se retome la negociación para las mejoras de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores penitenciarios.

En Madrid, frente a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, se han concentrado más de 200 delegados de los sindicatos Acaip-UGT, CSIF y CIG procedentes de toda España. Con este acto se reactiva un proceso de movilizaciones que se inició hace más de cuatro años. Ninguno de los tres gobiernos que ha habido en estos años ha sido capaz de dar respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores de prisiones.

Los delegados de dichos sindicatos recuerdan en un comunicado que en julio de 2020 se inició un grupo de trabajo con la participación de la administración penitenciaria y las organizaciones sindicales representativas con la finalidad de consensuar un texto con rango de ley que respondiera a las necesidades y objetivos del personal penitenciario, esto es, que se reconociera las especialidades del colectivo, se llevara a cabo una modernización y unificación de una legislación dispersa y mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de prisiones.

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Según los sindicatos, la Administración presentó meses después un borrador que "no alcanzaba las expectativas que la negociación había generado entre los trabajadores". Las negociación se bloqueó y las organizaciones sindicales se dirigieron al ministro del Interior, que mediante una carta remitida ayer, manifiesta que el texto estaba en estudio en el Ministerio de Función Pública y Hacienda, sin más. 
Para Acaip-UGT, CSIF y CIG "es imprescindible" que la nueva ley reconozca aspectos como la figura de agente de la autoridad y el principio de indemnidad de la administración. Del mismo modo, consideran que el texto de la nueva norma debe ir acompañado de una memoria económica que recoja la reclasificación de los cárceles y los nuevos puestos generados, estableciendo un marco temporal para la adscripción al grupo B de la Administración de los funcionarios de prsiones y el plazo para generar el nuevo organigrama y funciones que supongan la modernización del sisteman penitenciario español acorde al mandato constitucional de reinserción y reeducación.