La prórroga de fondos europeos hasta 2023 para mantener el programa de apoyo al vino, (Pasve, en el caso español), representó un verdadero alivio para todas las partes, también para las administraciones. Porque con ella, y sabiendo que la negociación de la reforma de la PAC estaba aún muy verde, se aseguraban poder mantener el presupuesto anual de 210 millones de euros para seguir subvencionando la reestructuración y modernización del viñedo, los planes de promoción en terceros países, eliminar subproductos de la uva para dar una solución medioambiental en la gestión de cada cosecha, y apoyar las inversiones en estructuras de tantas bodegas y cooperativa a través del Vinati, por ejemplo.
Nadie imaginó -en todo caso- el revés que sufriría el sector con la irrupción de la pandemia que como en aquel 2013, aunque ahora con peores consecuencias, volvía a poner a prueba la resiliencia de viticultores e industriales durante meses por el cierre repentino -esta vez- de la hostelería y un confinamiento que al final logró dar salida a mucho granel por el canal de la distribución y el consumo en los hogares. En ese primer momento, sin embargo, no solo se temía perder un año comercialmente hablando, sino verse arrastrados por el tsunami de vino y mosto en los ejercicios venideros ante la imposibilidad de regular el mercado que, mes a mes, seguía acumulando existencias en los depósitos mientras se acercaba la nueva cosecha. 
Había que reaccionar urgentemente con soluciones que, sin sospecharlo, estarían de nuevo en el Pasve. Porque a pesar de los requerimientos a Bruselas para que pusiera dinero adicional y pagase las medidas regulatorias, nadie en la Comisión Europea pestañeó ni cedió, ni siquiera ante la presión del Parlamento que se alineó con los perjudicados. 
Y así, la Unión Europea se puso una vez más de perfil, (cierto es que ayudó a otros sectores como el ovino, el porcino, el vacuno o los quesos), dejando que los Estados miembros pudieran explorar alternativas y flexibilizando la normativa y algunos plazos; unas fueron presupuestarias, como hizo el gobierno de Francia, otras arañando cada céntimo del presupuesto de todos los viticultores y bodegueros, como pasó en España, a través de las líneas del programa nacional para encontrar algo más de 65 millones de euros para destilación de crisis de dos millones de hectolitros, y otros casi 30 que absorbió una doble vendimia en verde o la retirada voluntaria de vino a través de un almacenamiento de botellas -durante varios meses- para evitar el hundimiento de los precios. 
Casi con la misma actitud que ahora ante la crisis de las materias primas, el comisario de Agricultura aguantó la presión sectorial hasta que una helada despejó de forma natural el problema, arruinando a muchos viticultores franceses e italianos, pero ordenando el posible cosechón que venía mientras la restauración subía de nuevo la persiana y despejaba las barras gracias al milagro de la vacuna para combatir el coronavirus. 
 Y aquí es donde nos encontramos hoy. Con un escenario mucho menos comprimido, con un consumo bastante recuperado, una exportación activa, pese a los problemas logísticos y el encarecimiento de tantos elementos necesarios para el embalaje y el paletizado, y unas navidades en ciernes que mantienen las cotizaciones con buen margen para el viticultor y embotellador.
En la feria del vino a granel de Ámsterdam, los participantes han podido pulsar ese ambiente, y aunque sobrevuela el miedo por la vuelta de nuevos confinamientos como ha decretado Austria, o por la propia situación crítica de países compradores como Alemania, nada debería ser como antes gracias al remedio más seguro para lograr la inmunización de rebaño. Aquí los negacionistas cada vez tienen menos excusas.
Pero el debate sigue centrado en el futuro Pasve. Y en los retos que deben asumir a muy corto plazo los productores a los que ya se les está pidiendo en la nueva PAC que han de lograr una mayor eficiencia en la gestión de sus explotaciones para que sean todavía más sostenibles. Y es aquí donde cobra valor la propuesta de dos organizaciones agrarias al Ministerio de Agricultura que sigue redactando el Plan estratégico de aplicación con las comunidades autónomas. Porque si hay que ser todavía más verde para cobrar las ayudas, y esas condiciones vendrán escritas en los denominados 'ecoesquemas', quizás sea el momento de revisar la propia configuración presupuestaria para hacer una reserva de dinero que ayude a los agricultores a adaptarse a las nuevas prácticas medioambientales.
En la mesa de todos, también de la interprofesional del vino de España (OIVE) está la ficha general de Intervención sectorial del Vino que reconoce que «el sector precisa de un cambio de orientación hacia modelos más sostenible de producción y conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda, además de añadir valor a su producción», y que «España cumple con el 5% del gasto destinado acciones medioambientales… de ahorro y eficiencia energética y de adaptación al cambio climático».
Por eso, lo que dicen UPA y COAG es que es el momento de incluir una línea más a las ya existentes para acelerar esos cambios y ayudar a quien principalmente tiene que provocarlos sufragando costes de una viticultura de precisión, de reutilización de residuos vegetales, de adquisición de maquinaria para su trituración y aporte al suelo, o de incorporación energías renovables.
Claro que todo esto hay que ver cómo encajarlo sin recortar el dinero de la medida estrella de reestructuración y reconversión, por ejemplo, y manteniendo criterios de reparto proporcional entre todas las medidas «tomando como referencia las actuales asignaciones del Pasve» que hasta ahora han beneficiado sustancialmente a Castilla-La Mancha.