Tras la disolución de las Cortes el pasado 24 de septiembre con motivo de la convocatoria electoral del 10 de noviembre, decayeron las iniciativas parlamentarias que estaban en tramitación sobreviviendo solo las propuestas procedentes de las comunidades autónomas, las iniciativas legislativas populares y aquellas solicitudes o planteamientos que los ciudadanos remiten a la Comisión de Peticiones

Así, el nuevo Congreso constituido el pasado martes hereda de la anterior legislatura dos reformas constitucionales procedentes de distintos parlamentos regionales, cinco reformas de estatutos autonómicos y las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de Radio Televisión Española, entre otros órganos.

Las peticiones de las comunidades

Entre los textos remitidos por las autonomías, los procedentes de Cataluña persiguen, por un lado, que se reconozcan y amplíen derechos y se establezcan medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y, por otro, que se despenalice la eutanasia.

El Parlamento de Asturias, por su parte, envío al Congreso una proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, y el del País Vasco, otra para crear un fondo para compensar a las víctimas del amianto. 

De Asturias e Islas Baleares son las dos propuestas de reforma de la Constitución que están en lista de espera para la próxima legislatura. La asturiana persigue ampliar la participación ciudadana en las leyes de consultas, tanto a través de la iniciativa legislativa popular como del referéndum.

Por su parte, el texto insular busca que Formentera pueda elegir un senador propio con independencia de lo que elija la isla de Ibiza, una propuesta que procede de la XII Legislatura, es decir, la que se extendió desde julio 2016 hasta febrero de 2019.

Nuevos estatutos en La Rioja y Murcia

También quedaron congeladas las reformas de los Estatutos de Autonomía de varias comunidades. El nuevo texto aprobado por las Cortes de La Rioja, por ejemplo, recoge el derecho a la igualdad y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, a la muerte digna, a la memoria democrática y a las energías renovables, entre otras cuestiones. Esta normativa necesita el visto bueno del Congreso porque, de momento, carece de validez legal.

A finales de julio, llegó a la Cámara Baja el nuevo Estatuto de Autonomía de Murcia que la Asamblea regional también aprobó justo antes de su disolución con motivo de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.

Estos dos Estatutos, y el de Baleares, se remitieron al Congreso también para incluir la eliminación del aforamiento de sus parlamentarios. 

Equiparación salarial

El nuevo Congreso también tendrá que tramitar seis iniciativas legislativas populares, entre las que se encuentran la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, así como las Memorias de la Fiscalía General del Estado y del CGPJ relativas a 2017, dos informes anuales del Consejo de Seguridad Nuclear de 2017 y 2018, cuatro convenios entre comunidades autónomas y todas las peticiones que los ciudadanos envían a la Comisión de Peticiones.

Renovación del CGPJ, del TC y de RTVE

Además, está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato, de cinco años, caducó el pasado 4 de diciembre. Hace un año, el PP, el PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Sin embargo, este acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del popular Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente de este órgano, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal «desde detrás».

También está en cartera la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato caducó el pasado mes de noviembre. 

Otro de los asuntos que deberá activar el próximo Congreso será el concurso público para renovar a los 10 miembros del Consejo de Administración de RTVE. Este proceso, que comenzó en agosto de 2018, se congeló antes de que la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja eligiera a los nuevos integrantes del organismo.

También está en la lista de tareas pendientes la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi.