El proyecto de ley contra la despoblación llegará en breve al pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación definitiva. Una ley que introduce como principal novedad la puesta en marcha de incentivos fiscales para los residentes en zonas rurales, que van desde la reducción del tramo autonómico del IRPF a bonificaciones en la compra o rehabilitación de viviendas. 

La duda está en cómo saldrá este texto del salón de plenos autonómico. Los grupos parlamentarios insisten en hablar de consenso, y el tono de inhabitual cordialidad en el que se han debatido el algo más de un centenar de enmiendas presentadas a este proyecto de ley así lo hace entrever, junto con el ‘éxito’ de haber logrado sacar adelante hasta 28 enmiendas transnacionales. 

No obstante, la abstención del PP en la votación del grueso del articulado visto -y aprobado- en la comisión de Asuntos Generales deja en el aire su voto final. No sería la primera vez que un aparente consenso en la comisión de enmiendas se torna en abstención en la votación final ante el pleno. 

Pendientes por tanto de cuál será finalmente el sentido del voto del PP regional, la comisión ha dado el visto bueno a medio centenar de enmiendas, 35 por unanimidad. 

Entre ellas destaca la posibilidad de que los ayuntamientos más pequeños puedan compartir servicios como el de la Policía Local. Una iniciativa presentada por Ciudadanos que su portavoz, David Muñoz, ha defendido como «un plus» para mejorar la imagen de seguridad de estas áreas rurales y, con ello, atraer a nuevos vecinos.

Ciudadanos también ha logrado transar con el PSOE su propuesta de incluir el programa de ‘Erasmus Rural’ de la UCLM dentro del articulado de la futura ley. Y también se ha fraguado un acuerdo en torno la idea de que el ‘retorno de talento’ no se circunscriba solo a castellano-manchegos emigrados.

Así, entre otras medidas, la futura ley contra la despoblación contemplará la devolución total o parcial de las tasas o precios públicos abonados por su formación, si comienzan y mantienen durante un plazo mínimo determinado una actividad laboral o empresarial con estancia efectiva en una zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación.

Por contra, una cuarentena de enmiendas se habrían quedado ‘vivas’  para su debate en el pleno, todas menos una firmadas por los ‘populares’.

Entre ellas destaca la propuesta del PP de reducir de 30 a 20 minutos el trayecto en coche entre los servicios públicos esenciales y los núcleos rurales más despoblados. Una medida tachada de «poco realista» tanto por el PSOE como por Ciudadanos.

Un argumento similar también ha sido el que ha tumbado un posible acuerdo a la hora delimitar cuáles son los núcleos urbanos de referencia para estos municipios ‘despoblados’. El PP insiste en bajar la barrera hasta la localidad más cercana con más de 20.000 habitantes, mientras que PSOE y Ciudadanos optan por mantener la barrera en los 30.000.

SIn deducción a la segunda vivienda. Otro punto de fricción entre PSOE y PP ha sido el qué hacer con las segundas residencias. El PP proponía en sus enmiendas que estas segundas residencias también se beneficiarán de bonificaciones fiscales para la rehabilitación. Como ha defendido el ‘popular’ Benjamín Prieto, la mejora del entorno de los pueblos también atrae residentes al medio rural y mejora la vida de lo que ya viven allí. «No debemos demonizar las segundas residencias», se trata de evitar «que las casas se nos hundan», ha insistido.

Desde el PSOE se insiste por contra en defender la idea de ‘residencia efectiva’ a la hora de primar fiscalmente cualquier intervención en el medio rural. Residencia efectiva que, además de estar vinculada al padrón, tiene que aportar otros ‘pluses’ como el de tener la tarjeta sanitaria en la zona.

 En este sentido, los socialistas argumentan su negativa en el hecho de que las segundas residencias ya están incluidas en los paquetes de ayudas a la rehabilitación que periódicamente pone en marcha la Junta de Comunidades. 

Tampoco ha cuajado la propuesta ‘popular’ de fomentar el transporte de viajeros con horario regular  por carretera, el de toda la vida, frente al modelo de ‘transporte a demanda’ defendido en esta ley. Tanto PSOE como Ciudadanos son partidarios de este nuevo modelo, que lleva unos años intentándose poner en marcha en la región. 

Durante su intervención en la comisión, la diputada socialista María Jesús Merino ha enfatizado que esta nueva ley es un proyecto legislativo «esperado por todos» y que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha impulsado de manera «pionera» en el país, con una mirada «de frente» al medio rural y el establecimiento de herramientas para «solventar, paliar y frenar» la despoblación.

Una idea en la que ha insistido el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha insistido en la necesidad de que esta ley salga por consenso de la cámara autonómica.   Una ley  «pionera» que puede «provocar» que otras comunidades autónomas avancen en este camino, al igual que el Gobierno de España, ha defendido.