Son cada vez menos, pero los casos de picaresca asociados a la realización de obras de reforma en casa o en un establecimiento sin previo aviso y sin el pago de la consiguiente tasa siguen existiendo. Así, el Consistorio, hasta octubre de este año, ha registrado 63 expedientes por irregularidades urbanísticas (45 relacionadas con obras y 18 con actividades) a raíz de las casi 240 denuncias o escritos que se han tramitado en el servicio de Control, Disciplina e Inspección Urbanística, organismo dependiente del Ayuntamiento.
La concejala responsable del área, Raquel Torralbo, señala, en declaraciones a La Tribuna, que como consecuencia de estas inspecciones se han levantado 553 actas de inspección que han dado lugar a 63 expedientes de disciplina urbanística, 69 expedientes sancionadores y 40 órdenes de ejecución. El objetivo, insiste, es que la ciudadanía cumpla con la normativa vigente. Y así, en estos primeros ocho meses de año, se han programado 483 visitas de inspección para el seguimiento de expedientes de licencias de obras y de expedientes de actividades de cara a «dar cumplimiento a los artículos 8,9 y 10 del Plan de Inspección Urbanística de Ciudad Real aprobado en Junta de Gobierno Local el 12 de marzo de 2018».
Los inspectores municipales son quienes detectan en gran medida estas conductas y, por tanto, quienes levantan las actas correspondientes. La picaresca habría que buscarla principalmente en las obras de mayor alcance, en las que habitualmente requieren de un proyecto supervisado por un técnico facultativo y cuyos titulares no suelen presentar al declarar que la reforma a llevar a cabo es de menor envergadura de lo que realmente es. Es decir, «pedir menos obra de la que en realidad se hace o solicitar la comunicación previa cuando lo correcto debería ser la solicitud de licencia de obra ordinaria», argumenta. Expedientes que en algunos casos llevan a sanción (69), cuyo importe varía si se califica como «leves, graves o muy graves recogidas en la Lotau», mientras en las ocasiones en las que ya no es posible la legalización se exige su demolición como ha ocurrido en las 40 órdenes de ejecución registradas desde el mes de enero a octubre.
El 70 por ciento de las denuncias que llegan al servicio Control, Disciplina e Inspección Urbanística proceden de las visitas de inspección realizadas por los inspectores municipales, y el resto, el 30 por ciento, por los propios vecinos que, como señala Torralbo, son «cada vez más conscientes de la importancia que tiene realizar cualquier obra bajo la legalidad por el riesgo a una demolición posterior o que se les obligue a restaurar el inmueble al estado anterior a a obra. La gente quiere hacer las cosas bien».
Torralbo alertar de la obligación de comunicar estas reformas y pagar la tasa urbanísticas acorde al tipo de obra a realizar e insiste que su finalidad no es el afán recaudatorio sino «cumplir la normativa urbanística para que toda la ciudad tenga una imagen homogénea tanto en estética como edificabilidad permitida».