El 18 de noviembre de 2005 José María Barreda inauguró el Hospital General de Ciudad Real, un mastodóntico proyecto que al poco tiempo incorporó a sus siglas la ‘U’ de universitario y que hoy, 15 años después, se ha convertido en un dique de contención contra el coronavirus, una armadura de cemento resquebrajada por la virulencia de los golpes que está asestando la pandemia a nuestra sociedad. «Fue complicado y se hizo un gran esfuerzo, pero era totalmente necesario», rememora el expresidente de Castilla-La Mancha para remarcar que «con la perspectiva del tiempo, sobre todo, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, nos ha venido muy bien y se puede afirmar, sin exagerar, que si no se hubiera construido, hoy estaríamos bastante peor».
Fue complicado porque cuando se empezó a gestar el proyecto, en julio de 1994, Castilla-La Mancha aún no tenía transferidas las competencias en materia sanitaria y necesitaba el visto bueno del Gobierno de España. Unos meses antes, el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real había escrito un artículo en el que denunciaba la situación «tercermundista» de la sanidad en la provincia. Los hospitales del Carmen y Alarcos estaban obsoletos y no había dissponibilidad de suelo suficiente para ampliar estos centros.
«Nos planteamos construir un gran hospital de nueva planta y nos impusimos como objetivo estratégico conseguir que el Gobierno de Felipe González, sobre el que teníamos influencia, incluyera alguna partida en los Presupuestos Generales de Estado antes de las elecciones generales, ya que se barruntaba que el PSOE las iba a perder, como así sucedió», explica Barreda. La ministra de Sanidad, Ángeles Amador, se comprometió a realizar la inversión, si antes de un mes había suelo disponible para construir el nuevo hospital, nada más y nada menos que 150.000 metros cuadrados. «Creo que echó un órdago para quitarme del medio diplomáticamente, pensando que no iba a conseguir lo que planteaba, pero acepté y lo ganamos», apostilla.
Autoridades y profesionales sanitarios el día de la inauguración oficial del Hospital General de Ciudad Real, el 18 de noviembre de 2005. - Foto: Tomás Fernández de MoyaAlberto Jara fue testigo directo de aquella transición sanitaria en la capital. El actual director de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real afirma que el nuevo hospital supuso una «revolución» a nivel de conocimiento y tecnología, pero también desde el punto de vista de la propia infraestructura hospitalaria. Sirvió de polo de atracción para profesionales de todo el país y se incorporaron servicios que hoy son «una referencia en España», como Radioterapia, Medicina Nuclear y Hemodinámica. También lo es la Unidad de Trastornos Alimentarios, que atiende a pacientes de otras comunidades autónomas.
Respecto a la dimensión del hospital, criticada en su día, el director gerente asegura que resultó «determinante» a la hora de hacer frente a la primera ola de la pandemia, especialmente cruda en la provincia de Ciudad Real, con las máximas garantías: «Un alto porcentaje de los pacientes que ingresaron en las unidades de Críticos no eran de esta Gerencia, pero los pudimos atender gracias a las instalaciones que tenemos. Con un hospital más antiguo o de menor tamaño, no hubiéramos podido desplegar un dispositivo de estas características».
La segunda ola está teniendo un comportamiento diferente en la provincia, con una incidencia mucho menor que hace unos meses, cuando el hospital ciudadrealeño llegó a alcanzar un pico de casi 500 ingresados por COVID-19. Jara lo achaca a la experiencia, la coordinación entre administraciones y, sobre todo, al «gran trabajo desarrollado desde Atención Primaria y de las enfermeras de vigilancia epidemiológica». «La detección precoz nos está permitiendo tener menos mortalidad y unos pacientes con mejor pronóstico y altas más rápidas», sentencia.
Eloísa Fernández, enfermera supervisora de la Unidad de Pediatría desde 2003, se jubiló el pasado mes de septiembre. Podía haberlo hecho a finales de marzo, cuando le correspondía, pero decidió quedarse unos meses más y arrimar el hombro en la lucha contra la pandemia, el momento más duro que ha vivido en sus 43 años de trayectoria profesional en la sanidad pública: «Lo más fácil hubiera sido irme, pero me quedé y no me arrepiento para nada de la decisión».
Aún recuerda la «ilusión» con la que vivieron el traslado de Alarcos al nuevo hospital y su participación en la creación y puesta en funcionamiento de las nuevas UCI pediátrica y neonatal. Subraya, en contraposición, cómo «un virus, algo que ni siquiera vemos, ha transformado por completo» este centro hospitalario: «Han sido tres meses de silencio, tristeza y soledad en los que las enfermeras y auxiliares han trabajado al 200% para atender a la avalancha de pacientes que empezaron a ingresar en la última semana de marzo y no dejarlos solos ni un momento».
Durante esas fechas, la Gerencia transformó el ala 2C de Digestivo en una zona COVID, donde Eloísa Fernández solo contaba con una docena de enfermeras a su cargo. Con el paso de los días, debido a la virulencia de esta desconocida enfermedad, aumentó el personal y también las camas, que pasaron de 25 a 48. «No se puede expresar con palabras lo que hemos vivido. Al capellán le dije que si el infierno existía, era esto», enfatiza.
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto «carencias sangrantes» y lo que muchos ya vienen defendiendo desde hace años, que «todo lo que se invierte en sanidad pública sabe a poco». Así lo sostiene José María Barreda, que hace hincapié en que «el hecho de que haya una asistencia sanitaria pública que garantice una atención de calidad e igualitaria para todos los ciudadanos sin distinción es un logro social que puede calificarse de histórico y que no solo no hay que perder, sino que hay que perfeccionar y mejorar, y eso implica mantener e incrementar los recursos que se dedican».