Las negociaciones sobre la reforma laboral entre el Gobierno y los agentes sociales avanzan muy lentas, aunque ayer el Ejecutivo lanzó una nueva propuesta por la que reducirá a dos los nuevos tipos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pospandemia -los denominados mecanismos Red-. Así, de los tres planteados inicialmente se quitará uno y habrá únicamente dos modalidades: una cíclica ante crisis económicas, con una duración máxima de un año, y otra sectorial ante cambios que requieran recualificación o recolocación de profesionales y que se podrá extender un año con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una, es decir hasta dos años.
En este último supuesto, es donde se plantea, según apuntó UGT, que las empresas que contraten trabajadores afectados tendrán «bonificaciones de cuotas que pagan a la Seguridad Social del 50% durante seis meses».
Estos ERTE, añade la nueva propuesta, se activarán por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social, y la prioridad será que se planteen reducciones de jornada, y no suspensiones, entre un 10% y un 70% con un plan de recolocación si es necesario en los sectoriales.
UGT destaca que la nueva propuesta elimina, tal y como había pedido el sindicato, los elementos que permitían el tránsito a los despidos o la percepción de indemnizaciones a través del Fogasa.
Las empresas podrán solicitar estos mecanismos y la Inspección de Trabajo tendrá una semana para elaborar informe tras el que se dictará, concluido el período de consultas, resolución en otro plazo de siete días operando el silencio administrativo positivo.
CCOO apuntó, por su parte, que ha habido un avance respecto al nuevo modelo de ERTE, pero consideró que «las causas no están definidas y las situaciones a proteger no son las idóneas». «Habrá que seguir negociando con el objetivo de buscar un acuerdo, que hoy por hoy no se vislumbra», añadió.
Formación
Además, el Ejecutivo modificó su propuesta sobre contratos formativos donde, entre otras novedades, se eleva el límite de edad en 30 años, frente a los 25 actuales, aunque se abre a excepciones para estudios superiores desde los que también se podrá acceder ahora a estos convenios. También se añade que se podrán realizar contratos de formación en alternancia con varias empresas siempre que no se exceda el limite total de duración -un máximo de dos años-.
En cuanto a la realización de prácticas, se hará dentro de los tres años siguientes a la finalización de los estudios -hasta cinco años en caso de discapacidad- y tendrá una duración máxima de un un año.