La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II ha elevado al Parlamento Europeo (PE) la "grave problemática administrativa y de gestión" existente en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En el escrito trasladan al PE que la CHG es el organismo encargado de la tramitación administrativa de los usuarios y usuarias de esta CUAS, que arrastra retrasos de varios años, de hasta entre 5 y 8, en la resolución de dichos expedientes, generando numerosos problemas a los solicitantes y perjudicando la viabilidad de sus explotaciones agropecuarias.

Indican a los representantes europeos que esta situación afecta a miles de expedientes, situación que ha sido trasladada en numerosas ocasiones y por diversos medios a la Confederación Hidrográfica del Guadiana pues provoca gran decepción entre los usuarios, principalmente agricultores y ganaderos.

Por todo ello, solicitan al Parlamento Europeo que, dentro de sus competencias, requiera a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que cumpla sus funciones y resuelva los expedientes que, con una demora administrativa inexcusable y contraria a la normativa de aplicación, están perjudicando los derechos legítimos de los usuarios y usuarias de CUAS Mancha Occidental II.

Por parte del PE, tras la aceptación de dicha reclamación, la han transmitido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

En esta misma línea, la CUAS Mancha Occidental II trasladó esta situación al Defensor del Pueblo y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reconociendo este último organismo, que "la propia CHG reconoce que como así denuncia la comunidad existe un importante retraso en la tramitación de los procedimientos instruidos la Comisaría de Aguas de este organismo de cuenca, no siéndole posible resolver en los plazos legalmente previstos en la norma". En la contestación incluso recogían que la situación de "colapso administrativo" responde a diversas causas, entre ellas, aspectos normativos aplicables únicamente a la zona del Alto Guadiana y a la carga de trabajo y volumen de solicitudes.