La promotora de la feria Ciudad Real Activa, T.M.S.T., achacó al fracaso del evento, celebrado en 2011, la imposibilidad de afrontar los pagos derivados de la misma. Una empresa de montaje de expositores le reclama 91.707,21 euros y además la acusación particular y la Fiscalía le acusa a ella y su marido de un delito de estafa por el que piden tres años de prisión. La defensa reclama la absolución y que se dirima lo ocurrido por la vía civil y no por la penal, como ocurrió en el juicio celebrado ayer en la audiencia provincial.

«Invertí todo mi tiempo y mis ahorros y pagué todo lo que pude», indicó la acusada, cuando se acogió a su derecho a la última palabra en el juicio. En el mismo recordó que se ha mantenido la sociedad con el objetivo de que cuando se recuperen del golpe económico puedan afrontar los pagos por los servicios y solventar su «incompetencia para gestionar el proyecto de la feria», dijo.

Para el delito de estafa, la Fiscalía y la acusación particular se acogen a una subvención procedentes de fondos Miner para realizar un negocio empresarial en Puertollano y que se concedió en noviembre de 2011. Tanto el ministerio público como la empresa expusieron que los expositores se construyeron al considerar que existía el aval de esta ayuda, aunque la acusada recordó que la concesión era pública y que en ella no se disponía el dinero para la feria.

«Invertí todo mi tiempo y mis ahorros y pagué lo que pude» - Foto: Rueda VillaverdePor este motivo, a nombre de una segunda empresa de la familia, dedicada a a la construcción, se pusieron finalmente las facturas por la construcción de los expositores, aunque tras la feria, volvieron a cambiarse con el objetivo de cobrarse mediante la subvención, que nunca llegó, ya que no se efectuaron las inversiones previas necesarias.

Para llegar a la estafa, la acusación particular apuntó en el juicio que existen en cuentas bancarias ingresos superiores a los 300.000 euros en los días de la feria, a pesar de que la gestora de Ciudad Real Activa finalizara el año 2011 con más de 100.000 euros de pérdidas. Así como ese engaño al considerarse como aval la subvención.

Por parte de la defensa se recordó que la ayuda no pudo conocerse en los primeros encuentros para el desarrollo de la feria ciudadrealeña, por lo que no puede haber «la intención de provocar engaño», clave para que exista el delito.

Tras la sesión en la audiencia los hechos quedaron vistos para sentencia.