La audiencia provincial ha condenado a M.L.O. a una pena de 21 de meses y un día de prisión al considerarla autora de un delito continuado de apropiación indebida durante su etapa como tesorera en la AMPA del colegio Salesiano Juan Bosco de Puertollano. La condenada además deberá indemnizar con 28.925,34 euros a la organización, así como el pago de intereses por esta cuantías. En el mismo fallo se declara que la acusada es solvente, lo que implica que se mantiene el embargo de cuentas y del 50 por ciento de las propiedades inmobiliarias que posee en Puertollano.
Una empresa de autocares fue la que puso al centro y a la asociación de madres y padres de alumnos sobre aviso. La mercantil apuntó que existía una deuda por los viajes realizados. La propia tesorera reconoció la deuda en varios escritos y por un importe de 28.925,34 euros para afirmar que iba a devolverla «en plazos mensuales», pero no se había efectuado ninguno.
M.L.O. fue la tesorera de la AMPA desde noviembre de 2005 a septiembre de 2010 y durante ese periodo de tiempo, «aprovechándose del cargo de confianza, vino a lucrarse con determinadas cantidades puestas a su cargo», se indica en la sentencia. Para apropiarse del dinero, la audiencia expone que la condenada incorporaba a su patrimonio parte o la totalidad de las cuantías entregadas en metálico para el pago de excursiones u otras actividades, en vez de ingresarlas en la cuenta corriente de la AMPA. Además, en otras ocasiones, mediante la confianza con el presidente solicitaba la firma de cheques en blanco y luego después se cobraba al portador. Con esta situación no que se abonaran las facturas al principal proveedor de la asociación de madres y padres, la empresa de autocares, a la que se le llegaron a adeudar 17.500 euros que tuvieron que ser asumidos por la AMPA con posterioridad. Por último, la tesorera solicitaba la firma para el pago de servicios que, en realidad, eran gratuitos como un viaje al año que la mercantil ofrecía sin coste.
Con la testifical y las pruebas documentales, la audiencia considera probados los hechos y condena a los 21 meses de prisión y al abono de los casi 29.000 euros reclamados.