El todavía presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, se perfila como uno de los tres senadores que la comunidad tiene potestad para elegir cada legislatura, una vez abandone definitivamente su cargo el próximo día 19, con la apertura oficial de la nueva legislatura autonómica.

Así lo avanzan fuentes socialistas consultadas por La Tribuna y así lo dejó también entrever el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en los actos conmemorativos del Día de Castilla-La Mancha, el pasado 31 de mayo. Un foro donde dijo públicamente que «no iba a dejar jubilarse» a este toledano que durante 20 años ha sido su ‘escudero’ dentro del PSOE, primero a nivel provincial y, después, a nivel autonómico. Es más, ya apuntó que su sitio estaría en un cargo de representación, o lo que es lo mismo, en un cargo dentro de una cámara legislativa como es el Senado, representando, valga la redundancia, los intereses de la comunidad en Madrid.

A principios de año, Fernández Vaquero ya avanzaba en una entrevista con este diario su intención de abandonar la primera línea política, dejando con ello las Cortes de Castilla-La Mancha, institución en la que entró en 1999 siendo entonces presidente del Gobierno José Bono. Y es que, «llevo 20 años en primera línea y en muchos casos he sido el primero en salir con el capote a recibir el toro. Me he llevado algunas cornadas y el toro me ha volteado alguna vez que otra. No han sido todo rositas».

Lo que no desveló entonces fue pista alguna sobre su futuro, «yo estaré donde veamos los dos (en alusión a García-Page) y, sobre todo, donde él me diga que puedo ayudar», se limitó a señalar.

Un paso atrás que ya había comenzado a dar unos meses antes, cuando en el último congreso regional del PSOE abandonó la Secretaría de Organización del partido, cargo que llevaba ostentando desde que García-Page asumiera las riendas del PSCM tras la derrota de José María Barreda ante Cospedal, allá por el año 2011.

Su labor de fontanería dentro del partido y como ‘hacedor’ de acuerdos en las Cortes regionales ha sido sobresaliente en estos años. En el primero de los casos, al conseguir que el PSOE castellano-manchego no se rompiera el pedazos tras perder la Junta después de casi 30 años de gobierno ininterrumpido y, en el segundo, como uno de los artífices del pacto de gobierno con Podemos y de su posterior entrada en el Ejecutivo regional. Sin olvidar el casi acuerdo presupuestario alcanzado en 2017 con el PP, que finalmente fue tumbado por la entonces líder ‘popular’. Como el mismo ha explicado en más de una ocasión,   «fue la señora De Cospedal la que dijo que no había presupuestos, a no ser que tragáramos con un cantidad desorbitada de dinero».

Con todo, cinco legislaturas y cuatro presidentes autonómicos después,  todo parece indicar que Fernández Vaquero tomará rumbo al Senado,  donde ocupará uno de los tres escaños que le corresponden a Castilla-La Mancha, uno por derecho propio como comunidad autónoma y otros dos a cuenta de su población (a cada región le otorga un senador más por cada millón de habitantes).

Si se mantiene la línea seguida tradicionalmente en las Cortes regionales, estos tres senadores se repartirán entre las tres fuerzas con representación parlamentaria tras las últimas autonómicas: PSOE, PP y Ciudadanos, que se estrena esta legislatura con 4 escaños.

En cuanto a los temas sobre los que le tocará trabajar a Fernández Vaquero dentro del Senado, dos son de vital importancia a día de hoy para Castilla-La Mancha: la despoblación y una posible reforma del Estatuto de Autonomía.

En el primero de casos, cabe recordar aquí que el Senado, como cámara de representación territorial que es, trabaja desde hace varios años en una comisión dedicada estudiar posibles soluciones para este problema, que afecta a prácticamente toda Castilla-La Mancha, si bien es especialmente preocupante en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

En cuanto al segundo de los casos dentro de la agenda pendiente del García-Page está la reforma del Estatuto, entre otras cosas para ‘blindar’ el derecho al agua de la región y para abrir la puerta a un posible aumento de los diputados autonómicos, tras el ‘recorte’ de 2014. Se verá si, finalmente, esta reforma estatutaria llega a buen puerto.