Cerca de 400 menores están en situación de riesgo en la provincia de Ciudad Real, que un año más se sitúa a la cabeza de la región castellano-manchega, según recoge el informe anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2019 al que ha tenido acceso La Tribuna. En el conjunto de la región se han incoado 842 expedientes de protección abiertos por menores en situación de riesgo, 394 en Ciudad Real, es decir, el 46,8%.

Las causas por las que se abre un expediente de protección de menores ante una posible situación de riesgo son diversas desde un incidente por absentismo escolar hasta un maltrato. Los servicios sociales «intervienen cuando se detecta alguna irregularidad relativa al cuidado de los menores en cuanto a alimentación, higiene personal, condiciones higiénicas de la vivienda, ausencia reiterada al colegio o problemas de alcohol o drogas de los padres», explican a este diario fuentes jurídicas, quienes añade que cuando se inicia un expediente de riesgo puede acabar en una declaración de desamparo por parte de la administración sobre la que recae la protección del menor, la comunidad autónoma.

Por fortuna, no todos los expedientes que se inician por una situación de riesgo acaban en desamparo, remarcan las fuentes tras destacar la importancia de denunciar ante la menor sospecha de un caso de esta naturaleza. De hecho, las alarmas saltan ante una denuncia del colegio, del médico o vecinos. Se activan los protocolos y se interviene para verificar las denuncias. «Hay dos tipos de intervenciones y no siempre una es consecuencia de otra», apuntan fuentes de la administración.

Cuando se declara el desamparo y al mismo tiempo hay acciones penales, se persona la Junta de Comunidades como acusación particular en defensa del menor.

La protección y tutela de los menores recae en las comunidades autónomas y, por ello, procederán cuando se constate una situación de riesgo o desamparo, que reviste mayor gravedad por tratarse de maltrato físico o psíquico, agresión o abuso sexual, abandono ... En estos casos hay que sacar al menor del entorno. La administración adopta las medidas necesarias para proteger al menor, al tiempo que lo pone en conocimiento de la Fiscalía y Juzgado de Menores. El menor pasa a estar tutelado por la entidad pública y mientras tanto viven un tiempo en un ambiente familiar complementario al suyo en familias de acogida, aunque también existe la posibilidad de la adopción.

La situación de desamparo es la más grave y en este apartado los fiscales abrieron dos expedientes de guarda tras notificación de la entidad pública, se realizaron dos intervenciones en procesos judiciales relativos a acogimiento y cinco para adopciones. Y dentro de la atención al menor, los fiscales realizaron diez visitas a centros de protección menores.

Tutela automática. En el último año, la Fiscalía ha incoado 74 expedientes de tutela automática tras recibir la comunicación de la entidad pública. La comunidad autónoma y la Fiscalía pueden promover la retirada de la patria potestad, si procede, y la revocación de la tutela. Uno de estos casos se produjo a últimos del pasado año en Manzanares cuando dos menores de 4 años y 16 meses quedaron bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha ante su estado físico y el de la vivienda. Los hechos quedaron al descubierto cuando un vecino de Manzanares llamó a la Policía Local al ver a un niño asomado a la ventana de un tercer piso al parecer con riesgo de caer al vacío. Los agentes acudieron al lugar y tras acceder a la vivienda encontraron a un niño llorando y a una niña de algo más de un año con restos de vómitos en la ropa. Los pequeños estaban solos en una vivienda desordenada y sucia. El abogado Jesús Fernández Pacheco, que se hizo cargo por el Turno de Oficio de la defensa de la mujer a la que le retiraron la custodia de sus hijos por un presunto delito de desamparo, defendió que no era responsable penalmente porque tenía problemas de salud mental.

Los menores extranjeros no acompañados (Menas) por su situación de desamparo también pasan «automáticamente» a estar bajo la tutela de la Junta, precisan fuentes jurídicas tras recordar que en 2018 se registraron 52 menores en esta situación de desamparo, frente a los 12 del año anterior.