Izquierda Unida arranca estos días una campaña en favor de la escuela pública, frente a la «anómala» proliferación de centros privados-concertados en el conjunto del país y, por ende, de la región. A través de una moción en ayuntamientos y diputaciones, la formación de izquierdas plantea a la Junta de Comunidades la «supresión progresiva y ordenada de los conciertos educativos hasta su total desaparición en Castilla-La Mancha».
Un proceso que puede ir acompañado de medidas como la de dar la posibilidad a estos centros a que se integren «de manera voluntaria» a la red pública, como explica Natalio González, responsable de Educación de IU Castilla-La Mancha.
Y mientras esta supresión de la concertada se hace efectiva, desde IU también se exige «más transparencia» en los procesos de concierto con la privada y que se excluya de estos a los centros que mantengan algún tipo de segregación, ya sea de tipo religiosa o por cuestión de sexo.
En esta línea, esta moción también plantea que los ayuntamientos dejen de ceder suelo público para la construcción de estos centros concertados, que como recuerda IU, son «negocios privados».
Como apunta González, la escuela concertada no tiene encaje constitucional, pese a lo que defienden determinados colectivos, que vinculan la libertad educativa con la libre elección de centros.
Como se aclara desde IU, el artículo 27 de la Constitución reconoce la «libre creación de centros docentes privados», pero no que estos tengan que ser sostenidos con fondos públicos, como sostienen los defensores de la concertada. Unos centros concertados que se ‘comen’ cada año más de 6.800 millones de euros de las arcas públicas, según denuncia González.
Además, insiste en que la situación que se vive actualmente en España es totalmente anómala, frente a lo que ocurre en el resto de la UE. Tan solo Gran Bretaña tiene una red de centros concertados más amplía que la española, frente a países como Francia, Alemania u Holanda, donde la tasa de la concertada es entre un 10 y un 25 por ciento inferior.