En esa tensión que suele desencadenarse cada inicio de vendimia con el pulso de viticultores e industriales, y con una Denominación de Origen a expensas de ser reconducida por la Consejería de Agricultura, poco a poco se dan pasos en una normalización de lo que debe ser la oferta y la demanda y unos precios justos. Aparte de los logros conseguidos por la DO Valdepeñas en meses pasados con la etiqueta genérica, los aforamientos y demás cauces de transparencia, las tablillas han traído como novedad la implantación del pago de la uva por calidad. Una diferenciación que se ha traducido en una subida de los precios a las explotaciones con rendimientos inferiores a los 5.000 kilos por hectárea en tempranillo que el grupo Vinartis paga a 5,30 pesetas kilogrado frente a los 5 que Félix Solís paga tras la última actualización de forma genérica.

«Es una práctica que implantamos hace cinco años en Jumilla», señala Antonio González, director de Enología del grupo García-Carrión. Y que se ha ido extendiendo a las otras zonas y denominaciones de origen donde también está presente este operador, menos en Valdepeñas. Por su «indiosincracia no se había hecho» en esta DO pero como «primer paso hemos querido hacer esta separación de calidades de uva y la valoración de forma independiente». En vez de poner un precio unificado, García Carrión diferencia «los diferentes tipos de cultivos de las zonas, las diferentes producciones entre secano y regadío». González es optimista con este sistema que «ha sido bien recibido por los agricultores» porque les ayuda a planificar «la próxima cosecha con la perspectiva de cómo cultivar el viñedo a lo largo del año. No es lo mismo podar, por ejemplo, para obtener la máxima producción».

El responsable de Enología de García Carrión no descarta que haya actualizaciones al alza «en función de cómo se vaya recepcionando la uva si tiene más calidad de la prevista». Un sistema que obliga al otro operador a mover ficha por las conocidas cartillas donde los agricultores comparten cupos hasta los 7.500 kilos por hectárea. Un agricultor aventura que esta medida de pago por diferenciación acabará con esa práctica «poco legal» y que desvirtúa la calidad.