La provincia de Ciudad Real ha contabilizado en los primeros seis meses del año una denuncia por ocupación ilegal de viviendas cada semana durante el año 2020. Así figuran en los datos del Ministerio del Interior dentro de una serie estadística que ha tomado relevancia entre las peticiones en algunas administraciones públicas de medidas más drásticas que impidan la entrada de personas de forma ilegal en inmuebles así como peticiones para que haya un endurecimiento de las leyes hacia quienes realizan este tipo de actuaciones. Los datos concretos para la provincia de Ciudad Real señalan que los ciudadrealeños denunciaron ante las fuerzas de seguridad 24 denuncias durante los primeros seis meses del año mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron 26 las denuncias que se efectuaron por este tipo de delitos, según los datos del Estado. Fue una ligera reducción, aunque las cifras muestran aún la magnitud del problema.

La tónica de descenso de Ciudad Real ocurre en tres de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, que suman 296 denuncias, frente a las 297 de los primeros seis meses del año pasado. Albacete con 27 y Guadalajara con 37, tres más en cada provincia, son las únicas que aumentan, mientras que los datos en Cuenca, con 7, cuatro menos que el año pasado, y Toledo, con 201, tres menos, son similares a los de la provincia.

Hay que tener en cuenta que el año pasado se dispararon este tipo de denuncias en Castilla-La Mancha, al cerrarse el año con 583, superando el medio millar, algo que no había ocurrido en los cinco años anteriores y registrando un aumento superior al 25% respecto a los datos del año anterior. El incremento ocurrido en Toledo, que a diciembre de 2019 contaba con 380 denuncias, un centenar más que en 2018, tiene buena parte de culpa de ese incremento.

En el caso de Ciudad Real, los datos siguen la tendencia contraria con 50 denuncias por ocupación ilegal en el año 2019, once menos que las registradas en 2018, el año con más denuncias del último lustro con 61. En 2015 hubo 40 denuncias; en 2016 fueron 45; y en 2017 se registraron 49 de estas denuncias. Ese incremento de 2018 es, de hecho, una constante.