"Mi intención era asustar creyendo que eran los otros y que venían a matarnos. Yo aprecio y admiro al Cuerpo de la Guardia Civil. Perdonadme", ha dicho Antonio G. R., de 61 años, en el uso del derecho a decir la última palabra en el juicio. 

Las acusaciones no le creen. "No cabe confusión alguna", ha aseverado la fiscal Paloma Goicoechea tras considerar acreditado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real que Antonio G. R., de 61 años, disparó a los siete guardias civiles que el 4 de agosto de 2016 entraron en su casa de Argamasilla de Calatrava con mandamiento judicial en busca de armas para evitar un nuevo enfrentamiento con un clan rival. 

La fiscal entiende que "no cabe confusión", como esgrime el procesado (alega que los confundió con una familia rival), porque en la última sesión del juicio se ha procedido al visionado del vídeo de la entrada y registro y se ve claramente (eran cerca de las nueve de la mañana) que iban uniformados, con chalecos y cascos antibalas. 

El acusado también ha sostenido en el juicio que sólo oyó un golpe en la puerta (los agentes la abrieron con un ariete, de un golpe) y que no escuchó que se identificaran.

Según su versión, la familia con la que mantenían un enfrentamiento les había amenzado de muerte y unos días antes efectuó  disparos en su puerta y, por ello,  llevado de un «miedo insuperable», cogió la escopeta y efectuó dos disparos para «asustarles y que huyeran».

Esta versión, según la fiscal, no se sostiene. Entiende que es difícil no oír a siete hombre gritando "Guardia Civil, Guardia Civil, al suelo". 

La fiscal ha mantenido la petición de 39 años de cárcel para Antonio G. R. al considerar probado los delitos que le imputan (cuatro tentativas de homicidio, un delito de atentado en concurso con otro de intento de homicidio, receptación, tenencia ilícita de armas y resistencia). Según la fiscal, el procesado "pudo actuar de una manera alternativa, un disparo al aire en lugar de contra las personas".

En la causa también está imputada María Alegría de C. R., mujer de Antonio G. R., por resistencia grave, delito que la fiscal también entiende que ha quedado probado en la vista oral. "La mujer se negó a obedecer a los agentes".

La Abogacía del Estado representada por Antonio Picón coincidió en lo esencial con el Misterio Fiscal y sólo ha reforzado la tesis de las acusaciones en el sentido de que no es posible que no oyeran identificarse a los guardias civiles y sí las supuestas amenazas del clan rival días previos desde la calle. "El acusado conocía que quien entraba era la Guardia Civil y efectuó el primer disparo a corta distancia. Hubo intención de matar, dolo eventual", ha remarcado el letrado tras refutar la tesis de legítima defensa y el atenuante de arrebato. "No existe la razón de miedo insuperable".

El abogado Pedro García Valdivieso, que ejerce la acusación particular en representación de cinco agentes heridos, se ha expresado en términos similares, pero ha subrayado que en el registro de la vivienda del clan rival no se hallaron armas. Para este letrado, "disparó con intención de acabar con la vida de los agentes" y si en lugar de la escopeta hubiera echado mano del rifle el resultado podría haber sido muchísimo más grave. 

De su lado, el abogado Miguel López, que defiende a los procesados, ha refutado los argumentos de las acusaciones y ha defendido el eximente completo de "miedo insuperable" por la situación "extrema de pánico y estrés" en la que se encontraba Antonio G. R. ante las amenazas de muerte del clan rival. Había un enfrentamiento porque la hija del procesado se había separado de su marido, miembro del otro clan familiar. "Les tenían amenazados de muerte y en ese clima de miedo, cuando oyó que entraban en su casa, pensó que eran ellos, cogió la escopeta y disparó sin saber que eran guardias civiles", ha defendido el letrado Miguel López tras reiterar que actuó llevado del pánico. Sólo así se puede entender que disparara estando sus hijas en la habitación, pudiendo haber resultado heridas.

El abogado también ha hecho hincapié en las lesiones de los agentes, "fueron en la rodilla y tibia" y, según los forenses, los disparos se efectuaron a larga distancia". En su alegato final ha recalcado que "no hubo ánimo de atentar contra los agentes, no hubo intención de causar daño y lesionar".

En cuanto a la acusada María Alegría de C. R. ha señalado que sólo uno de los agentes ha declarado que la vio agresiva, el resto "ha dicho que estaba nerviosa". El letrado pide la absolución para ella y en el caso de Antonio penas mínimas tras sostener que no hay tentativa de homicidio, en todo caso lesiones.