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La fiscalía anota menos asuntos, pero más graves y crímenes

Pilar Muñoz
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El fiscal jefe achaca el descenso de actuaciones a la pandemia, informa de que sólo está en instrucción el caso Elder de Tomelloso por la muerte de ancianos y expresa su preocupación por el número de Menas y la dificultad para precisar su edad

El jefe de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real flanqueado por la teniente fiscal y el fiscal autonómico de Violencia de Género - Foto: Rueda Villaverde

Ciudad Real es una provincia "bastante segura", pero no escapa a "hechos de mucha gravedad". Así lo ha significado el fiscal jefe, Luis Huete, en la presentación del informe anual de la memoria correspondiente al último ejercicio. Ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado de la teniente fiscal, Carmen Mendiola, y del fiscal autonómico para los asuntos de violencia de género, Jesús Gil, quien ha indicado que se han registrado menos casos, pero han sido más graves y ha habido tres crímenes machistas. 

En líneas generales ha habido un descenso en las diligencias previas incoadas en el último año, hecho que el jefe de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real achaca a los tres meses de confinamiento. Sin embargo, ha habido cuatro muertes violentas y otros hechos muy graves. 

Además, "han fallecido muchas personas mayores" al principio de la pandemia y en la Fiscalía "se incoaron nueve diligencias de investigación por denuncias de familiares de personas fallecidas en residencias de mayores", ha recordado Luis Huete en su comparecencia.

Luis Huete, fiscal jefe de Ciudad RealLuis Huete, fiscal jefe de Ciudad Real - Foto: Rueda VillaverdeEl fiscal jefe se encargó de instruir todas estas causas, que concluyeron con el "archivo" de las diligencias abiertas porque se investigaba un presunto delito de homicidio por imprudencia y se consideró tras un exhaustivo análisis que no se había dado ese hecho delictivo. 

Sólo siguen abiertas las diligencias por el caso Elder, la residencia de Tomelloso donde fallecieron más de setenta ancianos. "Se tomó declaración al entonces director de la residencia en calidad de investigado y la instrucción sigue abierta", ha indicado el fiscal jefe, quien ha subrayado que el control de la Fiscalía de Ciudad Real respecto a la actuación de las residencias de mayores por la pandemia de la enfermedad infecciosa COVID-19 ha sido y sigue siendo absoluto.

Faltan fiscales. Un año más Luis Huete ha puesto de manifiesto la "escasez" de fiscales y funcionarios en la Fiscalía. Ciudad Real está "muy por debajo de la media de fiscales en toda España". Desde 2015 que está al frente de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real viene reiterando la necesidad de que se incremente el número de fiscales. "Estamos muy por debajo con la comparativa de otras provincias similares a la Ciudad Real. No llegamos a cinco fiscales por cada 100.000 habitantes", ha aseverado el fiscal jefe tras subrayar que "el dato es preocupante". El número de funcionarios "es escaso" y va en detrimento de la tramitación ágil de los procedimientos. La plantilla la integran 22 fiscales y uno de refuerzo, cinco están destinados en la Sección Territorial de Manzanares, que atiende a una población de 180.000 habitantes.

La falta de fiscales tiene una importancia capital en el desarrollo de las actuaciones. "Ahora es muy posible que tengamos que destinar algún fiscal a la jurisdicción de Menores porque se requiere en el ámbito de la protección y de la reforma. "Es preciso destinar más medios fiscales a la instrucción de estos procedimientos y al control de la protección", ha afirmado tras poner encima de la mesa que hay más de 280 menores en riesgo y otro número importante de expedientes de reforma relativos a adolescentes que han cometido uno o más hechos delictivos. Los delitos más frecuentes en la jurisdicción de menores son contra el patrimonio, lesiones no muy graves y la violencia ejercida contra los padres. El jefe de la Fiscalía aboga por poner en marcha programas de prevención para intervenir con toda la familia con el fin de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar. Este tipo de programa de intervención se podría aplicar también en delitos de índole sexual, pero en ambos casos "es  la autoridad administrativa quien tienen que poner en marcha estos programas".

Menas. Huete, a preguntas de periodistas, ha dicho que hay un número muy importante de Menas (Menores extranjeros no acompañados) en la provincia, sobre todo en Daimiel. En muchos casos es difícil determinar la edad.  En la franja comprendida entre los 16 y 18 años se ven obligados a practicar una serie de diligencias para determinar la edad, ya que si superan los 18 años pasan a la jurisdicción de mayores.

Revisar cientos de expediente. En el ámbito de la discapacidad ha aludido a la nueva Ley 8/21 de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que obliga a jueces y fiscales a actualizar todas las situaciones que hay de discapacidad, sean de tutela o curatela. "Hasta ahora una persona discapaz se inscribía en el registro y tenía que ser representada por un tutor. Con la nueva ley ha cambiado todo absolutamente, desaparece la figura del tutor y ahora son cuidadores. Dependiendo del grado de discapacidad de la persona se les va a fija labores de apoyo específicas y en los casos que sean necesarios a los cuidadores se les va a atribuir la representación de esas personas", ha explicado Huete. Por ello, ahora todos los procedimientos, cientos, se tienen que revisar.

Además, a los fiscales se les atribuye otras funciones más de control en el ámbito de la prevención, protección. "Las reformas, como siempre, se hacen sin previsión de incremento de plantilla" y no debería ser así, ha significado el jefe de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.

Criminalidad. El fiscal jefe ha repasado la evolución de la criminalidad en la provincia de Ciudad Real y ha dicho que se ha aprecia un claro descenso por ejemplo en los robos con fuerza cometidos en la demarcación de la Policía Nacional. En 2020 se han registrado 1.278 delitos contra el patrimonio, un 11,8% menos respecto a 2019, aunque han aumentado ligeramente los robos violentos y de forma más notable las estafa, sobre todo en internet. Han pasado de 189 a 238, un 26% más en un año. 

Los hechos delictivos contra las personas fueron 432, un  10,7% menos que en 2019, pero se cometieron cuatro homicidios.

En la jurisdicción de la Guardia Civil se han denunciado 3.493 delitos, casi un 5% menos que el año anterior. También se aprecia un descenso de los delitos patrimoniales y contra las personas, pero se ha registrado un incremento en delitos contra la libertad, de índole sexual y de orden público.

Dentro del ámbito judicial, el fiscal jefe ha indicado que en el último año se han tramitado 13.488 diligencias previas, un 19% menos que en 2019. El dato positivo es que "ha bajado la pendencia", los asuntos pendientes de resolver. 

Los procedimientos abreviados han sido 1.402, frente a los 1.584 incoados el año anterior. 

Del mismo modo, han sido menos las diligencias urgentes, que han pasando de 2.208 a 1.570 en un ejercicio. La mayoría de estos casos se despachan en juicios rápidos y suelen ser por conducción sin permiso o bajo los efectos del alcohol. La explicación de esta disminución está en los tres meses de confinamiento, no se podía salir a carretera. 

Respecto a los sumarios, procedimientos de mayor gravedad y complejidad, se incoaron 11, mientras que 2019 fueron 15.

La pandemia también provocó la suspensión de un buen número de juicios, un 25% menos que el año anterior. En este contexto, el fiscal jefe ha explicado que ante la situación generada en los primeros meses de crisis sanitaria procuraron hacer escritos de conformidad en procedimientos suspendidos y se consiguió celebrar algunos y de este modo no incrementar el número y la demora en la resolución judicial. 

Las sentencias de conformidad han sido menos, pero siguen representando un elevado porcentaje, un 81,4% sobre el total. 

En el orden civil también ha habido un descenso en los procesos relativos a separación, divorcio y regulación de las medidas y situación de los menores, pasando de 1.657 en 2019 a 2020. La teniente fiscal Carmen Mendiola, delegada autonómica de la materia, ha informado de la labor realizada sobre todo en lo concerniente al control en las residencias de mayores, como ha apuntado el jefe de la Fiscalía. 

De su lado, el fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, ha manifestado que en 2020 hubo una ligera disminución en los casos, pero los registrados han sido más graves. Llegado a este punto, ha informado de la investigación de tres crímenes machistas cometidos en la provincia. El primero en Puertollano, donde un hombre acabó con la vida de su pareja y después se quito la vida. En Valdepeñas otro hombre acabó con la vida de su cuidadora y luego puso fin a la suya. Otro asesinato es el de Nancy Paola Reyes, residente en Ciudad Real y descuartizada en Santander. El presunto autor es su pareja y está en prisión provisional. En Villarrubia de los Ojos murió otra mujer a manos de su pareja.

El confinamiento, ha agregado el fiscal Jesús Gil, ha causado con una menor incoación de procedimientos porque el encierro impidió denunciar a la víctima. 

Por último, han aludido al asesinato de los Rosales, cuyo autor ha sido declarado culpable por el jurado que enjuició los hechos la pasada semana en la Audiencia de Ciudad Real. El próximo 25 será juzgado un hombre acusado de matar de una cuchillada a otro en Daimiel. 

En investigación está, un posible homicidio tras un robo perpetrado en Alcázar de San Juan en noviembre del año pasado y el accidente de Argamasilla de Alba que costó la vida a tres jóvenes. También está pendiente de instrucción el tiroteo en el barrio de el Pilar de Ciudad Real con un muerto y el homicidio de la Atalaya.