El Pleno del Ayuntamiento de Campo de Criptana aprobó ayer por la mañana el plan de ajuste en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012 de pago a proveedores, mediante el que se prevén numerosas medidas que van a permitir reducir 1.027.420 euros en 2012 con respecto al presupuesto del año pasado. El alcalde de Criptana, Santiago Lucas-Torres, destacó «la importancia de esta iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de España, a la que se acoge el Ayuntamiento, aunque la cantidad que se adeuda a proveedores es de tan solo 392.799 euros, muy inferior en términos absolutos y proporcionales a otros consistorios de la zona».

Una medida que va a permitir pagar a los proveedores, un total de 130, y con ello reactivar la economía y contribuir a mantener y generar puestos de trabajo, como explicaron fuentes municipales. Además, Lucas-Torres subrayó que a diferencia de otros créditos ICO, ahora se obliga a realizar un plan de ajuste para beneficiarse de estos créditos, una propuesta responsable y que compromete a las administraciones. Junto a ello, Lucas-Torres precisó otras medidas aprobadas en las últimas semanas que benefician a los ayuntamientos, y con ello a los ciudadanos, como el aplazamiento hasta 10 años de las devoluciones de las liquidaciones de 2008 y 2009 «por una mala previsión del anterior Gobierno», o el adelanto del 50 por ciento de la liquidación de la PIE (participación en los ingresos del Estado) de 2010. El plan de ajuste de Campo de Criptana contiene así «numerosas» medidas de gastos e ingresos, entre las que se encuentran la eliminación de diversos programas, aunque el Ayuntamiento «va a seguir manteniendo todos los servicios municipales». Asimismo, las políticas de austeridad y contención del gasto aplicadas en los últimos años se van a intensificar ahora con la reducción de un 37% en la partida de publicidad, un 24% en la de Festejos y un 10% en las transferencias a grupos políticos, entre otras. El plan de ajuste fue aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno, mientras que la oposición votó en contra. En este sentido, la portavoz del equipo de Gobierno, Pilar Fernández, aseguró que «votar en contra de este plan es votar en contra de los empresarios y votar en contra de los ciudadanos, mientras que votar a favor es garantizar el pago a los proveedores y garantizar que continúen servicios municipales que benefician a los vecinos».