La fecha del próximo 12 de mayo está ya muy presente en la agenda de muchos empresarios de la provincia. Será el momento de la entrada en vigor de una modificación del Estatuto de los Trabajadores aprobada por el Ejecutivo nacional en uno de los llamados ‘viernes sociales’ y que obligará a las empresas a llevar un registro del horario de sus trabajadores y a conservarlo durante cuatro años para la posible consulta de los sindicatos o de la Inspección de Trabajo. Esta nueva medida pone en el candelero nuevamente una de las cuestiones más polémicas de las relaciones laborales: el horario de trabajo de los empleados y su cumplimiento o no conforme a lo establecido en la contratación.  

La obligación de realizar el mencionado registro del horario de los trabajadores fue aprobado el pasado 8 de marzo por el Consejo de Ministros y con él pretende frenar las horas extraordinarias y atajar la temporalidad en las empresas, para lo cual se establece un control de la entrada y salida del puesto de trabajo. Esta medida, que entrará en vigor en apenas dos semanas, ha disparado las consultas de empresarios a la patronal. «Hay muchas dudas de cómo se tiene que establecer ese control», afirmó a La Tribuna el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín, quien agregó que es una nueva medida que llega «de golpe» y con una desinformación importante acerca de los medios de control y de registro de ese horario laboral.

Por eso, para el presidente de la patronal, los «viernes sociales están causando un problema tremendo» a los empresarios, pues explicó que en aquellas empresas grandes en las que trabajen por turnos cerrados y establecidos puede ser más fácil llevar a cabo ese seguimiento, mientras que el problema -dijo- se lo encontrarán las pequeñas empresas y los sectores donde es más complicado establecer un seguimiento, ya que en muchas ocasiones varía en razón del cliente, como es el caso de comerciales, hostelería o pequeñas empresas de construcción. «Es un embrollo sobre todo para la pyme, mientras que en grandes empresas con turnos fijos, es un engorro pero no tanto. Sin embargo, el desembolso que va a tener que hacer la pyme para llevar este control, porque además tendrá un carácter sancionador, va a suponer mucho daño», afirmó.

Marín encuadró principalmente este problema en la «flexibilidad» que actualmente tienen en las empresas para fomentar «la conciliación» de los trabajadores, de manera que en muchas ocasiones pueden llegar más tarde o salir antes del trabajo si tienen algunas circunstancias personales, comentó a modo de ejemplo. Esto también va en contra -prosiguió- del teletrabajo que en algunas ocasiones se apuesta por desarrollar en distintas empresas. «Si lo que intentas es dar una mayor flexibilidad para aumentar la conciliación, desde luego este control tan estricto del horario laboral es un problema y está siendo un problema sobre todo por las sanciones, porque ha llegado de golpe, por real decreto y sin un diálogo con la parte empresarial», aseveró el presidente de Fecir.

La otra cuestión en la que Marín puso el foco fue el método de control que se debe establecer para ello, puesto que el gobierno no establece si tiene que ser manual o electrónico, pero la patronal prevé que supondrá un aumento de costes para las empresas porque en el caso de que sea electrónico podría conllevar la adquisición de algún aparato o programa de registro, como dispositivos para fichar o software, y en el caso de que sea manual, deberá haber una persona que se encargue de ello, dijo.

Los sindicatos. Lo que para la patronal parece ser un mundo, para los sindicatos debería ser un problema ya superado en el siglo XXI, pues ven básico que haya un control de la jornada laboral de los trabajadores. «Lo que parece una novedad es un derecho contemplado en el Estatuto de los Trabajadores y parece mentira que haya que regular ahora un sistema de fichaje de horario», aseguró el secretario provincial de CCOO, José Manuel Muñoz, quien puntualizó que «si no se cumple el horario de trabajo, sólo hay que imaginar el resto de cuestiones». En el trasfondo de todo está la intención del Gobierno de hacer aflorar los empleos que no se cubren por las horas extraordinarias  que en algunos casos «o no se pagan o se pagan por debajo de lo estipulado en el convenio», aseguró Juan Jiménez, secretario provincial de UGT y quien aseguró que él mismo lleva fichando «40 años» como trabajador en su empresa de fabricación de vehículos. Por eso pide a los empresarios «que no se alarmen» porque «no es una medida cara» y porque, además, «va a hacer aflorar el empleo, aumentar la recaudación de la Seguridad Social por las cotizaciones y redundar así en una mejora de servicios para todos».

De este modo, los representantes de CCOO y UGT coinciden en apuntar que «los empresarios que estén cumpliendo no tienen que tener ningún problema» y que hay «muchas maneras» de llevar a cabo este control y de fomentar así la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados. «Es una forma de controlar la cantidad de horas extraordinarias que se están registrando, que es una barbaridad», agregó Muñoz al mismo tiempo que indicó que según los registros, en la región se realizan 86.877 horas extraordinarias a la semana, lo que supondría la creación de 2 612 empleos.

Del mismo modo, afirmó que esta medida podría poner fin a los contratos parciales de trabajadores que en realidad están empleados a jornada completa, por lo que aseguró que es «una buena medida y habrá que estar muy pendientes de cómo se aplica», lo que debe hacerse por los representantes sindicales y de la inspección de Trabajo.

Sin embargo, para el presidente de la patronal está medida para controlar las horas extra no remuneradas o mal pagadas implica hacer que «todos somos presuntos culpables» de ese incumplimiento», cuando de lo que se trata es de controlar mediante la Inspección a aquellos que no cumplan. «Es más fácil generar puestos de trabajo por la vía de la incentivación que por la vía de la coacción» y «estamos de acuerdo con que hay que controlar las horas extraordinarias impagadas, pero contrólese a través de la inspección donde ocurra, no se culpabilice a todos», concluyó.