Las familias de otros dos sanitarios de Puertollano fallecidos por COVID-19 también han demandado al Estado y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) al ser «patente» el «abandono» en la que se encontraron para hacer frente a un contagio que adquirió dimensiones pandémicas.

Los profesionales sanitarios se vieron «abocados», «compelidos» o, cuando menos, «no dispensados» a prestar sus servicios sin medios de protección ni información, «en condiciones que no eran las más idóneas para su salud ni para su vida», asevera en declaraciones a La Tribuna el abogado Felipe Holgado en las demandas judiciales que ha interpuesto en nombre de las familias del enfermero José Agapito Montero y de la auxiliar de Enfermería María del Pilar García Buendía.

Estas dos nuevas demandas se suman a la de la familia del pediatra Héctor Garrido interpuesta el 26 de mayo al defender el letrado Felipe Holgado que «se ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales». El pediatra fallecido, como también el enfermero y la auxiliar de Enfermería sufrieron «abandono y desatención por parte de las autoridades sanitarias en el desempeño de su actividad laboral y la ausencia de las medidas de prevención y protección adecuadas para hacer frente a la terrible pandemia».

 La suma total que reclama para las familias de los tres fallecidos se eleva a 1.322.624 euros (580.000 para la viuda y los hijos del médico, 373.352 para la viuda y dos hijas del enfermero y 369.272 para el viudo y tres hijos de la auxiliar).

En las pormenorizadas y documentadas demandas de reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio del ramo y el Sescam, Holgado argumenta que los sanitarios estuvieron expuestod a una situación de «riesgo» frente a la COVID-19 «sin adopción de las preceptivas medidas de protección».

El letrado aporta documentación que acredita los servicios de guardia que realizaron en enero, febrero y marzo y que evidencian su exposición al contacto con pacientes afectados por este virus.

 También, adjunta jurisprudencia y testimonios de compañeros, que en su mayoría resultaron igualmente infectados. A juicio de Holgado, una prueba de la situación de abandono, es el contagio de la casi la totalidad del Servicio de Pediatría del Hospital Santa Bárbara, en el que trabajaban los tres fallecidos.