Dos promotores inmobiliarios se van a sentar en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ciudad Real por un presunto delito relacionado con  la compraventa de viviendas. Los hechos por los que van a ser juzgados mañana se remontan 17 años atrás cuando uno de ellos en representación de la inmobilaria que tenían firmó un contrato de compraventa con un matrimonio para una vivienda en proyecto de construcción en Argamasilla de Calatrava, acordándose que la entrega de llaves se produciría en el cuarto trimestre de 2005.

El matrimonio «se quedó sin casa y sin dinero», asegura a este diario el abogado José Manuel Morales que ejerce la acusación particular en la causa contra los dos acusados, que responden a las iniciales A.G.G. y L.G.A., éste último con antecedentes penales. Fue juzgado y condenado por un delito de estafa. La sentencia fue recurrida en apelación y  confirmada por la Audiencia.

Según el letrado, los acusados «se embolsaron el dinero de la hipoteca», es decir, no la cancelaron como le dijeron a los compradores de la vivienda. El abogado pide una condena de cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados por un presunto delito de apropiación indebida, mientras que la fiscal solicita tres años.

 En el contrato de  compraventa el 31 de marzo de 2004 entre el acusado L.G.A., como representante de la promotora inmobiliaria, y el comprador se acordó que se realizaría el pago de 134.626 euros fraccionado, 3.005 a la firma del contrato y el resto desde el inicio hasta la terminación de la vivienda. En diciembre de 2006 se produjo una renovación del contrato al no poderse cumplir el acuerdo sobre la construcción de la vivienda. Por ese nuevo contrato se debería entregar  la vivienda antes del 31 de diciembre de 2008 y otorgarse escritura pública correspondiente, en concepto de libre de cargas y gravámenes en cuyo momento se satisfaría por el comprador el resto de precio pactado, estableciéndose que el vendedor podría concertar hipoteca sobre la parcela debiendo cancelarse antes del otorgamiento de la escritura pública de venta.

En agosto de 2012, el acusado de iniciales A.G.G. aseveró que ya no existía dicha hipoteca, que estaba pagada, pero pendiente de la escritura de cancelación. Los compradores firmaron el contrato de compraventa elevándolo a escritura pública convencidos de que estaba pagada la hipoteca, pese a que en realidad subsistía la citada hipoteca, existiendo un procedimiento de ejecución hipotecaria ante un Juzgado de Puertollano.