La Junta va a hacer una auditoría a todas las depuradoras que hay en Castilla-La Mancha. Será una análitica que costará 1,4 millones de euros y que se realizará en las 460 estaciones de depuración que hay en la región para comprobar el nivel de calidad de agua que se vierte al medio natural. El Consejo de Gobierno autorizará mañana ese contrato, pero hoy ya lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
Explicó que se trata de “analizar el agua que se vierte de las depuradoras a los cauces de nuestros ríos”. Arroyo, que hoy ha participado de manera telemática en unas jornadas nacionales de Investagua, subrayó que la analítica se hará en toda Castilla-La Mancha, pero reconoció que hay puntos calientes que vigilar. “Sabemos donde están los mayores focos de dificultad”, apuntó.
Es más, comentó que hay algunas depuradoras que tienen procedimientos sancionadores por parte de la Unión Europea. Para arreglar esa situación, el consejero anunció que se van a invertir en 18 depuradoras de municipios menores de 5.000 habitantes donde hay esos expedientes sancionadores. Apuntó que se hará con fondos europeos de la nueva tanda para reconstrucción tras el coronavirus. Aprovechó para destacar el papel supervisor de la UE “para que se tire del carro del compromiso medioambiental”.
Esas inversiones en depuradoras con fondos de Bruselas se suman a las que ya ha empezado el Gobierno regional con dinero propio. Hay tres en marcha en Calypo-Fado (Casarrubios del Monte), Motilla del Palancar y Argamasilla de Calatrava. El consejero calcula que se finalizará la construcción este año. Hay otras tres que se van a acometer en breve también con fondos de la Junta, las de Sigüenza, Tobarra y Villanueva de Alcardete. “Se van a licitar de manera inmediata”, anunció.
Entre la seis depuradoras que hará la Junta con fondos propios en municipios de más de 5.000 habitantes y las 18 que se van a financiar con dinero de Bruselas en poblaciones menores, en total serán 24 depuradoras las que se harán con una inversión total de 57 millones. “Es la mayor inversión que se ha hecho nunca en Castilla-La Mancha en materia de depuración”, apuntó Arroyo, que además destacó que esas depuradoras pasarán a gestión de la Junta, a través de la Agencia del Agua. Este organismo público ya gestiona 235 depuradoras de las 460 que hay en la región, la mitad.
Además Arroyo comentó que están ayudando con subvenciones a la depuración que hace la industria agroalimentaria. Se ha tirado de las ayudas Focal, que también cofinancia la UE, para poner sobre la mesa 4,7 millones para 27 depuradoras del sector privado.
La Ley de Aguas irá al Consejo Asesor de Medio Ambiente el 28 de abril.
El consejero castellano-manchego aprovechó también el foro de Investagua para explicar que aquí la Ley de Aguas está en un “proceso muy avanzado de elaboración”. Francisco Martínez Arroyo contó que el 28 de abril pasará por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Cuando tenga su visto bueno, el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto para que el Consejo Consultivo haga la revisión jurídica final. Después el Gobierno regional podrá hacer más modificaciones y aprobar el texto definitivo para remitir a las Cortes regionales. Martínez Arroyo cree que para el mes de julio se podría mandar la ley al Parlamento autonómico, “de tal manera que en todo caso este año Castilla-La Mancha contará con una Ley de Aguas”. Subrayó que esta iniciativa demuestra que en tema de agua “el compromiso de nuestro Gobierno es claro”.