El coronavirus de Wuhan, conocido oficialmente como Covid-19, hace tiempo que dejó de ser un problema exclusivo de China. Lo que comenzó como un caso de infección respiratoria aislado ha acabado haciendo saltar todas las alarmas e implicando a miles de personas en todo el mundo, superando el número de afectados por el SARS (forma grave de neumonía). De hecho, la cifra de casos nuevos fuera de la república popular superó por primera vez esta semana a los que se dan dentro del gigante asiático, según anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom. En España, además, acaban de confirmarse los primeros infectados autóctono, personas que no ha viajado a ninguno de los lugares considerados hasta ahora foco de contagio. Una noticia que abre la puerta a la presencia del virus en el territorio nacional, más allá de la más de una decena de diagnosticados en varias provincias y los dos pacientes ya dados de alta tras superar esta patología.

Ante estos acontecimientos, los principales organismos de salud nacionales vigilan con atención el desarrollo del COVID-19, al igual que hacen otras tantas autoridades en la materia en gran parte del planeta, incluso en América Latina, donde también ha llegado, con temor a qué se convierta en una pandemia mundial. 

En este sentido, los datos hablan por sí solos y, dado que de cada 100 infectados, 80 cursan el virus de manera asintomática y 15, que si presentan indicios, se curan y no necesitan tratamiento específico, el Gobierno de España sitúa al país dentro del rango de riesgo moderado de contagio. Así es desde el pasado lunes, con la expansión del virus en Italia y el caso del turista transalpino, un médico alojado en un hotel de Adeje (Tenerife), en el que permanecen cientos de personas en cuarentena.

Un día después, el pasado martes, el Minsiterio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y el norte de Italia, a las que desde entonces se recomienda no viajar, así como reforzar las medidas de prevención «pensando en un escenario de contención».

El protocolo

La última pauta marcada por Sanidad es que, todas aquellas personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y en los 14 días anteriores hayan estado en alguno de esos territorios marcados como de riesgo, «serán consideradas posibles casos». 

Por tanto, deben contactar con los servicios de salud y someterse a las pruebas para determinar si tienen COVID-19. 

Además, todos los pacientes ingresados que presenten patologías respiratorias graves, como neumonía, por causa desconocida, serán también sometidos a análisis.

El Ministerio y las Comunidades acordaron asimismo que los ciudadanos españoles que estén en zonas de riesgo por diferentes motivos deben atender los consejos de las autoridades de esos lugares en cuestión.

Estas medidas de detección precoz son las que, según los expertos, «se han demostrado más eficaces», apuntó Illa, quien precisó que también se va a aumentar la sensibilización a pie de calle.

Para ello, se van a reforzar las actualmente vigentes medidas de información que se les va a dar a los pasajeros en puertos y aeropuertos, algo ya acordado con el Ministerio de Fomento, AENA y Puertos de Estado.

De la misma manera, se prepararán piezas informativas para difundir en los aviones que aterricen en España, especialmente los que procedan de las zonas de riesgo.

Finalmente, ante la histeria colectiva que está empezando a desatar este mal en el país, con desabastecimiento de mascarillas en las farmacias (que no en los hospitales) e, incluso, intentos de robos de estas en centros de salud, Sanidad hace un llamamiento para «no caer en alarmismos». Y es que, como sostiene el departamento que dirige Illa, «no es necesario ir con ellas por la calle». 

«Haremos todos los esfuerzos necesarios para trasladar a la ciudadanía una información veraz y contrastada», promete Illa.