Las corporaciones locales fueron las grandes perjudicadas por la pérdida de empleo público en la provincia de Ciudad Real, según las últimas cifras que aportó ayer el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En total, en el ámbito provincial, más de 31.000 personas trabajan para alguna administración pública de la que depende buena parte de la economía ciudadrealeña y que en los momentos más duros de la crisis económica suponía la generación de uno de cada cuatro euros de la producción de bienes y servicios en el territorio.
Ahora, el sector público pierde musculatura tras el récord alcanzado a inicios del año 2019, cuando se rozaron los 35.500 empleos públicos. La administración más cercana, la municipal, es la que marca la mayor caída de personal a mediados del pasado año, con un descenso de su ‘mano de obra’ de más de 3.000 trabajadores en apenas seis meses.
Aun así, Ciudad Real no sale mal parada si se tiene en cuenta el nivel de habitantes y el número de empleados públicos que realizan su tarea en la provincia en comparación con su peso poblacional. Solo la Administración del Estado es la que se encuentra infrarepresentada, si se tiene en cuenta cómo está el resto del país. De Moncloa dependen en Ciudad Real un total de 3.845 trabajadores, cuando, atendiendo a su población, deberían ser unos 1.500 profesionales más los que desepeñasen su tarea en la provincia. Dentro de este grupo de trabajadores se incluyen, por ejemplo, los de la propia administración del Estado, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército y los trabajadores de la administración de Justicia. De los primeros, Ciudad Real tiene unos 1.500, de los segundos, entre militares, guardias civiles y policías nacionales, otros 1.800; y hay 615 personas más que se dedican a sacar adelante la administración de Justicia en la provincia. En total, 3.854 profesionales del más de medio millón de personas que tiene el Estado trabajando a su servicio en toda España, apenas el 0,8 por ciento de la población. Echando la vista a un año atrás, en la provincia hay tres personas menos dedicados a la seguridad y tres más a la Justicia.
Provincias como Ceuta, Melilla, Soria, Teruel, Badajoz o Cáceres tienen más representantes de la función pública del Estado que el resto del país, donde las regiones con más transferencias de competencias hacia sus comunidades autónomas tienen menos trabajadores que dependen del Estado, como Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Vizcaya o Guipúzcoa.
empleados autonómicos. En el caso de la administración autonómica, la más voluminosa en términos de contratación de personal, deja unas cifras de 19.345 empleados, donde aparecen tanto médicos como profesores y maestros, que dependen del Gobierno de Castilla-La Mancha. En este aspecto, la recuperación de profesionales ha sido evidente en los últimos años tras los fuertes recortes a los que se vio sometida en los años de recorte. En medio año, la Junta ha contratado a 200 trabajadores más en Ciudad Real, y son 3.300 más de los que había en 2015, tras el periodo de la administración Cospedal.
Ese incremento de empleados públicos se explica, en buena medida, por el salto dado en la sanidad, donde hay casi 300 trabajadores más a cuenta del Gobierno de Castilla-La Mancha en estos últimos cinco años y, sobre todo, en el área de educación, donde la provincia cuenta ahora con 1.500 docentes más que en 2015. Una evolución que reconocen sindicatos como CSIF que, sin embargo, considera que no son «suficientes para solucionar los problemas de la educación pública de la región».
empleo local. Este sindicato señala la situación de la administración local. «Precisamente, los ayuntamientos lideraban la creación de empleo a 1 de enero de 2019 con el récord semestral de contratación de los últimos diez años, con 9.496 nuevos puestos de trabajo en Castilla-La Mancha coincidiendo con la cercanía del periodo electoral. Sin embargo, pasaba de 39.936 a 30.177 efectivos a fecha de 1 de julio de 2019: en un semestre destruyó lo que había creado», indicaron desde este sindicato que vincula «la importante disminución del número de empleados públicos» a la «temporalidad a la que se ve sometida la Función Pública».
En estos momentos, los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real dan trabajo a 7.915 personas, cuando seis meses antes eran 11.039.