El movimiento de ejecutorias en los penales aumenta un 12%

Pilar Muñoz
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Los datos judiciales de estos órganos judiciales, sobre todo referentes a ejecución de sentencia, dan la razón a la decana y al presidente del TSJ sobre la necesidad del cuarto penal

El movimiento de ejecutorias en los penales aumenta un 12% - Foto: Pablo Lorente

El movimiento general de ejecutorias (sentencias que adquieren carácter de firmeza) en los tres juzgados de Penal de Ciudad Real ha sido significativo en el último año al registrar 2.162, algo más de un 12 por ciento respecto a 2017 con una entrada de 1.924. Es un dato importante porque habla del trabajo de los jueces de estos tres órganos judiciales que se encargan de enjuiciar todos los asuntos de naturaleza penal cometidos en la provincia de Ciudad Real. La juez decana, Isabel Serrano, lleva años demandando el cuarto juzgado, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, igualmente ha reivindicado en varias ocasiones ante el volumen de trabajo que registran los tres penales.
Serrano también consideraba necesario un juzgado que se encargara de las ejecutorias, esto es, el cumplimiento de las penas impuestas en las sentencias.
Los últimos datos, a los que ha tenido acceso La Tribuna, le han dado la razón aunque en el último ejercicio se haya registrado casi un 5 por ciento menos de asuntos, hasta sentencias, procedimientos abreviados al pasar de 1.621 a 1.542 en 2018.
El capítulo que engorda el informe estadístico recoge también el número de ejecutorias (movimiento general) que estaban pendientes al inicio de 2018 y que sumaban en los tres penales un total de 2.619. A lo largo del año fueron entrando otras que al cierre de ejercicio se elevaron a 2.162. A estas cifras hay que agregar 2.463 reiniciadas. Aun así, los tres jueces de lo penal despacharon 4.417 ejecutorias. A 31 de diciembre de 2018 estaban en trámite otras 2.827.
El Penal que ha registrado mayor movimiento general de ejecutoria es el número 2, que lleva el magistrado José Ruiz y que tienen también la competencia en materia de Violencia de Género. Según datos facilitados por el Poder Judicial, en el último año se chequearon 751 ejecutorias, más de un tercio del total. Empezó el año con 848 asuntos de esta naturaleza, se reabrieron 790 y se resolvieron 1.477.
Hasta 415 de las ejecutorias registradas en Penal 2 fueron dictadas por los juzgados de este orden y las de conformidad ascendieron 252 en casos de violencia de género y 84 de otros ámbitos.
Otro dato a destacar son los 177 diligencias urgentes registradas y las 181 resueltas (algunas pendientes del ejercicio anterior).
En segunda posición en cuanto a número de ejecutorias tramitadas se encuentra Penal 3, con 712. Este órgano judicial empezó el año con 1.055 en esta materia, se reiniciaron 712, el mismo número de las registradas en todo el año. El titular de este juzgado resolvió 1.428, quedando en tramitación otras 1.051.
De las 712, las dictadas por los juzgados de lo penal sumaron 464, de conformidad fueron 248, ninguna relativa a asuntos de violencia de género.
Penal 1 inició el año con 716 ejecutorias pendientes de tramitar, a las que sumó 699 en los siguientes doce meses. Además se retomaron 961 y se cerraron 1.512, quedando en tramitación 864.
ejecutar lo juzgado. Las ejecutorias es ejecutar lo juzgado, hacer efectivas las sentencias dictadas por jueces y magistrados, ya que de lo contrario de poco servirían los juicios. De ahí que el retraso en las ejecutorias puede acarrear graves problemas como por ejemplo que los condenados eludan sus penas.
Algunos magistrados reconocen que el problema de las ejecutorias es recurrente. Se celebran más juicios, se ponen más sentencias y hay más procedimientos que ejecutar.
La entrada en vigor de los juicios rápidos complicó la situación, ya que son más sentencias a ejecutar, es decir se sumaron a las de los penales, primera instancia e instrucción. De ahí que la juez decana reclamara el cuarto juzgado de lo penal, pero con más fuerza uno de ejecutorias para ejecutar lo juzgado sin que suponga una carga para otros órganos judiciales.
De momento, la provincia de Ciudad Real sigue sin el cuarto juzgado de penal.