La decisión del Gobierno de establecer una Zona de Bajas Emisiones en todas las ciudades de menos de 50.000 habitantes necesitará «de recursos» y también «de presupuesto» para hacerla efectiva. En este sentido se pronunciaron a este diario los concejales de Medio Ambiente y de Movilidad, Mariana Boadella y David Serrano, respectivamente, quienes señalaron que estarán pendientes del desarrollo de esta ley para concretar todos los aspectos relativos a este ‘Ciudad Real central’ que se tendrá que poner en marcha.
No obstante, Serrano espera que la normativa «establezca un periodo de cadencia amplio» y que no sea una medida a adoptar en un breve plazo de tiempo puesto que requiere de muchas actuaciones. En concreto, explicó que conlleva «recursos» como el establecimiento de sistemas de control, la realización de obra civil para conectar las cámaras de vigilancia del tránsito, un registro de matrículas autorizadas o campañas de información a la población, entre otras medidas. La fecha que se contempla en el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático es 2023, si bien el Gobierno no aclaró el pasado martes en el Consejo de Ministros si esa fecha se mantendrá o si podría ser objeto de cambio.
«Me gustaría que el Gobierno central no se quede solo en las palabras y que haya una dotación presupuestaria para ayudar a las entidades que apostamos por modelos sostenibles», afirmó por su parte Mariana Boadella para detallar a renglón seguido que los ayuntamientos tienen «una capacidad de financiación limitada» y que, por tanto, sería necesario el apoyo económico de la Administración estatal.
De esta forma, Boadella también apostó porque se incentive el uso de vehículo eléctricos en la capital, con la instalación de puntos de recarga como existen ya en otras ciudades y en cumplimiento de una moción de Cs que se aprobó en la pasada legislatura. En este sentido, comentó que el Ayuntamiento debe dar ejemplo y que por ello ya ha promovido la adquisición de uno de estos vehículos en Parques y Jardines y utilizará otros en Limpieza. De este modo se avanzaría en el cumplimiento de compromisos que están recogidos en la Agenda 2030 y que deben marcar la hoja de ruta de los ayuntamientos en favor de la sostenibilidad durante los próximos diez años.
Por su parte, Serrano afirmó que cualquier actuación se hará «buscando garantías para todos, los vecinos o los profesionales», dijo. Además, se refirió al trabajo que ya viene desarrollando el Ayuntamiento desde la pasada legislatura para fomentar el uso de transportes alternativos y restar protagonismo al vehículo.
actuaciones previas. En concreto, se refirió a la limitación de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en el interior de la ronda y en todos los barrios de la ciudad, así como la apuesta por el incremento del número de calles peatonales o las medidas de impulso a la utilización del transporte público.
En cualquier caso, el edil indicó que darán cumplimiento a la normativa que se articule por parte del Gobierno y para ello trabajarán de la mano las concejalías de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo con el fin de delimitar ese ‘Ciudad Real central’ al que podría estar vetada la entrada de más de 18.000 vehículo.