David Llorente se despide de las Cortes regionales con el sabor amargo de la derrota por goleada de su última iniciativa legislativa.  Y es que, su Proposición de Ley requiriendo la subida de la edad legal para cazar de los 14 a los 16 años ser ha topado con el voto en contra de 30 de los 33 diputados autonómicos. Y no fueron 31 porque el líder del PP, Paco Núñez, no estaba en el salón de plenos en el momento de la votación.

Este era el último cartucho del todavía portavoz ‘morado’ en su batalla particular contra la reforma la ley regional de caza. Reforma que, si bien  apoyó con su voto la pasada primavera porque «incorporaba avances  importantes en materia de protección natural y bienestar animal», nunca ha terminado de convencer al diputado alcarreño, que ya trató de elevar esta edad legal para cazar vía enmiendas durante la tramitación parlamentaria de esta ley.

Llorente basó este nuevo asalto contra la ley de caza de García-Page en el "sentido común". Como insistió,  «si los 16 años es la edad mínima fijada para poder contraer matrimonio, trabajar o conducir una motocicleta, debería serlo también para cazar». Ni «un arma de fuego no es un juguete», ni «Castilla-La Mancha no es la América de Donald Trump», advirtió.

Y también se apoyó en la resolución del Defensor del Pueblo  al requerimiento de Proamimal CLM sobre la posible inconstitucionalidad de esta edad mínima para poder caza , dada a conocer el pasado verano. Resolución que, si bien no veía inconstitucionalidad en esta barrera de edad para poder cazar, sí opinaba que «la simple posibilidad de que un menor pudiera usar armas supone un riesgo, incluso aunque vaya acompañado por un adulto», como recordó.

 Tanto es así, que el Defensor llegó a sugerir a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, competente en materia de caza, que revisara este punto concreto de la ley, con el fin de «proteger la vida y la integridad física de los menores». Recomendación a la que la Junta «hizo caso omiso», lamentó Llorente.

En cuanto al argumento socialista de que no se podía tocar la edad mínima para caza en base al reglamento  de armas estatal, que permite el uso de armas de caza y de tiro deportivo  a partir de 14 años, Llorente lo rebatió con una reflexión de «primero de derecho».  Como dijo, el Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica del Estado, otorga a Castilla-La Mancha competencias plenas en materia de caza y, a día de hoy, una Ley Orgánica tiene a todas luces un rango muy superior al de un reglamento, «por muy estatal que sea».

«¿Va a ser el PSOE de García-Page más conservador que el PP de Núñez Feijoó, que sí ha subido la edad para poder cazar?», se preguntó Llorente, recordando aquí que comunidades como Galicia o Canarias sí han subido a 16 años la edad legal para comenzar a caza sin problema alguno.

Respuesta que ya tenía clara desde antes incluso de que se celebrara la votación, al iniciar su discurso augurando que «la pinza PP-PSOE volverá a a funcionar en defensa del lobby cinegético». Un sector que calificó de «retrógrado» y «en franca decadencia».

Pero no fue el único en constar a esta cuestión. Como le replicó la diputada socialista Carmen Torralba, «el Gobierno de García-Page apuesta sin complejos de ningún tipo por el sector cinegético de Castilla-La Mancha».

 Mientras que el PP aprovechó este debate para enarbolarse como únicos defensores de la caza en la región. Un sector que genera más de 600 millones de euros al año y genera más de 24.000 empleos en el medio rural.