“La situación laboral que están padeciendo algunos de los sanitarios que prestan sus servicios en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha podría calificarse de lamentable”. Así lo denuncian el delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en el penal ciudadrealeño que denuncia “bajas de larga duración que no se cubren, puestos de trabajo desempeñados por profesionales no cualificados y muchos turnos de trabajo sin cubrir”.
La situación, aseguran, arranca “hace algunos años”, con la baja de uno de los médicos que prestaba sus servicios en el penal sin que se cubriera su puesto desde la Administración Penitenciaria. “A partir de ese momento, debido a las vacaciones y los permisos reglamentarios, todos los años, durante cerca de un mes, muchos turnos del servicio se quedan sin médico, siendo cubiertos esos turnos por los enfermeros y por los auxiliares de enfermería, asumiendo entre estos dos colectivos la atención sanitaria y algunas de las tareas propias de la profesión médica: valoración de ingresos y de aislados, traumatismos, autolesiones, esguinces, procesos alérgicos, cefaleas, ataques de ansiedad, dolores abdominales, cólicos nefríticos, cólicos biliares, gastroenteritis, etc, etc, e incluso las patologías más extremas que pueden poner seriamente en riesgo la vida de la población penitenciaria: infartos agudos de miocardio, ataques de epilepsia, heridas por arma blanca con hemorragia interna y sobredosis por opiáceos y/o benzodiacepinas”, procesos para los cuales, aseguran desde la APFP estos profesionales llegan a solicitar la ayuda del 112 sin que exista ningún convenio de colaboración con el Servicio de Salud de Castilla la Mancha.
“Una flagrante irregularidad”, aseguran al igual que califican de “llamativo” el caso del depósito de medicamentos que controlaba una licenciada en Farmacia que se jubiló el 9 de agosto de 2019 sin que tampoco se haya cubierto ese puesto, “con lo que a partir de aquel momento, uno de los médicos de plantilla del centro penitenciario se hizo cargo, por iniciativa propia, de la totalidad de la gestión del depósito en lo que refiere a adquisición, custodia, conservación y dispensación de medicamentos, habiéndose previsiblemente disparado el gasto de una de las ya de por sí mayores partidas económicas del centro, e incurriendo posiblemente en delitos de intrusismo profesional y falsificación documental, así como incumpliendo lo estipulado en la ley 5/2005 de Ordenación de los Servicios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, lo cual podría acarrear multas de hasta 600.000 euros”.
Desde este sindicato aseguran que informaron de la situación tanto a la dirección del centro como a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, “consiguiendo el compromiso de la Administración para cubrir este puesto durante 2020, algo que no se ha producido hasta la fecha”, lamentan en la APFP, “con lo que de nuevo, las tareas propias que el médico que gestiona el depósito deja de hacer, son asumidas por el personal de Enfermería y de Auxiliares de Enfermería”.