Durante su comparecencia ante el órgano parlamentario que fiscalizará su departamento, celebrada este lunes, José Luis Martínez Guijarro ha expuesto las líneas maestras de su trabajo para la nueva legislatura, al igual que lo están haciendo en estos días otros miembros del Gobierno regional del socialista Emiliano García-Page.

Sobre la reforma estatutaria, ha explicitado que entre sus objetivos estará el blindaje de los servicios públicos a los que tienen derecho los ciudadanos de la región, una nueva arquitectura institucional para la comunidad autónoma y una reforma de la legislación electoral de la región "para mejorar la correspondencia del voto con la representación" en el Parlamento autonómico. Guijarro espera que, tras los cambios, se logre "un Estatuto que sirva a las próximas dos generaciones" de castellano-manchegos. Garantizó que esta reforma no sólo será dialogada con las formaciones de la oposición en las Cortes de Castilla-La Mancha, si no con otras que pese a no estar en esta Cámara "estén en otras instituciones de Castilla-La Mancha" como diputaciones y ayuntamientos, en una clara referencia a Izquierda Unida.

En cuanto a la despoblación, Guijarro ha insistido en que el Gobierno regional elaborará una ley de lucha contra este fenómeno de progresivo vaciamiento de habitantes en las zonas rurales. A esto ha sumado la continuidad de la estrategia de inversiones territoriales integradas (ITI), que han supuesto desde la pasada legislatura ayudas para zonas en riesgo de despoblación por valor de 678 millones de euros, y una nueva estrategia y un nuevo pacto regional contra la despoblación, para el que pidió el respaldo de la oposición parlamentaria.

Ya con la Ley de Participación Ciudadana, enfatizó que aumentará la implicación de los ciudadanos en el desarrollo de políticas públicas. Esto será así porque se permitirá la participación en la elaboración de leyes de ciudadanos particulares, y no sólo de asociaciones y otras entidades colectivas.