Visto para sentencia el juicio que sentaba en el banquillo a un joven de 23 años de edad acusado de abuso sexual al mantener relaciones consentidas con una menor de edad, en hechos que sucedieron en septiembre de 2018 en Torralba de Calatrava, cuando la víctima tenía sólo 13 años.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido la petición de una pena de ocho años de prisión, además de otras medidas como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del domicilio de la menor, centro de estudios o cualquier lugar donde se encuentre, o de comunicarse con ella por cualquier medio durante nueve años.
Durante la vista, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, la abogada de la menor, Concha Marín, subrayó que, aunque la relación sexual fue consentida, al tratarse de una menor de 16 años, «el consentimiento como tal es nulo y no existe», según está tipificado en el código penal, por lo que lo sucedido tiene la consideración de abuso sexual, y de ahí esa petición de ocho años de prisión, «la mínima en estos casos», aclaraba a este periódico.
Según consideran probado las acusaciones, el acusado, F.J.M.M, de 21 años de edad en el momento de los hechos, se dirigió a la víctima cuando ésta se encontraba sentada en un banco de un paseo de la localidad, invitándola a mantener relaciones sexuales, pese a ser conocedor de su condición de menor de edad. Relaciones que se consumaron en el domicilio de él, con penetración y desgarro de la membrana himeneal al ser la primera vez que ella mantenía relaciones sexuales. Dos semanas después, el padre de la menor denunciaba los hechos ante el Puesto de la Guardia Civil de Torralba de Calatrava.
Además de la pena de ocho años de prisión, alejamiento y prohibición de comunicarse con ella, en el escrito de la Fiscalía también se solicita que se castigue al acusado con la prohibición de desempeñar actividades que puedan facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de la misma naturaleza y la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual y otros similares durante cinco años, a ejecutar después de cumplir con la pena de privación de libertad; e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de once años.