Cree probada la conexión con el laboratorio de cocaína

Pilar Muñoz
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El fiscal mantiene la petición de penas de entre 9 y 14 años para los 6 acusados al considerar probada la conexión entre ellos y otros que están en busca con el laboratorio de cocaína en Alcázar. Las defensas aseguran que se han vulnerado derecho

Los acusados, custodiados por policías nacionales, durante el juicio que ha quedado visto para sentencia - Foto: Fotos Rueda Villaverde

Los agentes de la UDYCO Central   de Estupefacientes no se dedican a nimiedades, a asuntos de escasa entidad, y no movilizan el helicóptero inútilmente. Es en lo único en lo que coinciden el fiscal y los abogados de los seis procesados que se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real para responder de un delito de tráfico de drogas, en relación a un laboratorio de procesado y elaboración de cocaína en una finca de Alcázar de San Juan, y pertenencia a organización criminal.  
El fiscal del caso Carlos G. Santorum considera probado los hechos, la conexión entre «la trama colombiana de Madrid» y el laboratorio clandestino en Alcázar. «Hay prueba suficiente, en algunos casos más que en otros, pero suficiente», recalcó el fiscal tras elevar a definitivas sus conclusiones provisionales y mantener la petición de penas para los procesados: James Robert P.V . (14 años de cárcel), Edison Alexandre P. M., Alexandre G. C. y Edison B. AS. (12 años) y 9 para Rocío B. B. y Javier F. R. Éste último es de Alcázar de San Juan y el resto colombianos.
Los abogados de los seis procesados por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal radicada en Madrid y con tentáculos en la provincia de Ciudad Real y otras ciudades ponen en duda la prueba practicada en la Audiencia Provincial. «Es nula, vacía y está viciada», remarcó uno de los letrados de los encausados.

Un momento de la intervención del fiscal Carlos G. Santorum.
Un momento de la intervención del fiscal Carlos G. Santorum. - Foto: Fotos Rueda Villaverde
Sus clientes «no son traficantes  ni mucho menos tenían un laboratorio para procesar y elaborar cocaína en una finca de Alcázar», aseveraron en sus intervenciones.
Los letrados consideran que se han vulnerado derechos fundamentales y, por ello, piden una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables.
Maquiavelo, Mostesquieu. La abogada María del Mar Vega, que defiende a Edison Alexandre P. M. (hijo del encausado James Robert P.V.), comenzó su alegato citando el tratado de ‘El Príncipe’ de Maquiavelo y el ‘Espíritu de las leyes’ de Montesquieu para tras una reflexión en voz alta plantear la nulidad de la prueba porque considera que se han vulnerado derechos fundamentales. La letrada remarcó que el informe del fiscal se basa en lo que dice la Policía. Según Mar Vega, lo declarado por el jefe del grupo de la UDYCO, que ha sentado en el banquillo a los seis acusados, no es palabra de Dios. «Ha contado un cuento de hadas», subrayó la abogada que defiende al hijo del encausado considerado cabecilla de la organización criminal.
Cuatro de los abogados de los acusados, en primer término José Ramón García
Cuatro de los abogados de los acusados, en primer término José Ramón García - Foto: Fotos Rueda Villaverde
Aseveró que no hay prueba de cargo y, por ello, sólo cabe In dubio pro reo, esto es, en caso de duda a favor del reo. No hay prueba ni siquiera indicios, según la letrada quien ironizó sobre la presencia «casual» de tres agentes de la UDYCO Central (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) en una calle de Madrid donde residía uno de los encausados y que al ver a un hombre nervioso manipulando en la calle junto a un vehículo grandes garrafas blancas y azules sospecharon que detrás de estos estaba un laboratorio de cocaína que más tarde averiguaron que estaba en una finca de Alcázar por unas escuchas y  mensajes que llevó hasta los seis encausados, movilizando incluso un helicóptero para ver lo que se cocía en la citada finca. «No hay nada», remarcó la letrada tras reiterar que se han vulnerado derechos, el secreto de comunicaciones.
En términos similares se expresaron sus compañeros a quienes también les resulta difícil de digerir que agentes de la UDYCO lleguen de forma «casual» hasta tres traficantes. El letrado José Ramón García, que defiende a Edison B.A., fue más allá al manifestar que los agentes  pidieron autorización en el juzgado de Alcázar para pinchar los teléfonos porque seguramente en Plaza de Castilla no lo hubieran autorizarían puesto que «no había nada de drogas ni de laboratorio». En este contexto dijo que «delincuentes internacionales no van a ser tan torpes de manipular en plena calle (en Madrid) garrafas con productos químicos para procesar y elaborar cocaína», dijo el letrado, quien, a renglón seguido, añadió:  «Ven ustedes cara de tontos a los acusados. Cómo es posible que el Grupo II de la Brigada de Estupefaciente de la UDYCO Central, tan buenos que son, estuvieran de forma casual en el lugar haciendo averiguaciones de otro asunto más propio de policías locales  y no hayan dado con otras personas». Este abogado también acusó de mentir a J. F. R., el alcazareño que arrendó la finca a Edison B. A., su cliente.
El fiscal ya indicó que «se ha llegado hasta donde se ha podido», en clara alusión a la dificultad que entraña llegar hasta la cabeza de las organizaciones criminales de narcotráfico por las precauciones que adoptan y porque hay varios escalones. Se ha descabeza, según el fiscal, a una trama de tráfico de cocaína. De hecho se incautaron de 7 kilos de esta sustancia (seis en un coche y uno a otro de los encausados) y 31 de productos químicos y precursores de la droga.
La letrada Mar Vega, en primer término, junto al abogado Raúl Marcos
La letrada Mar Vega, en primer término, junto al abogado Raúl Marcos - Foto: Fotos Rueda Villaverde