El Ayuntamiento celebró el pleno correspondiente al mes de julio en que el PP sacó adelante una moción para q ue la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantenga las condiciones financieras del ejercicio 2019 en los Programas de Fomento de la Autonomía Personal, Integración Sociolaboral y Atención Temprana.

En su moción, el Partido Popular pidió al resto de la Corporación su apoyo para instar al Gobierno Regional a modificar las condiciones en la concesión de las subvenciones resueltas por la Dirección General de Discapacidad a través de una resolución recibida el 5 de junio. Según explicó el portavoz popular, Jesús David Sánchez de Pablo, estas nuevas condiciones modifican tanto su cuantía, que se reducen en un 3,3%, como los plazos en los que se recibe, que pasan del 81% en el año en curso y el 19% restante durante el primer trimestre del ejercicio siguiente, a un 59,5% y 40,5% respectivamente.

Un cambio en los pagos que provocará, según alertaba Sánchez de Pablo, «tensiones de liquidez insostenibles en la administración local, que serán más importantes en este año tan duro marcado por la pandemia de Covid-19».

Los populares requerían a la Consejería de Bienestar Social que cambie los términos de la citada resolución con el objetivo de mantener, al menos, las disposiciones del año pasado y dejar sin efecto la reducción en la cuantía subvencionada, así como mantener el porcentaje de financiación que se pague en el año en curso, de dichos programas. Del mismo modo, se solicitaba el anticipo de las cantidades conveniadas en al ámbito social a los ayuntamientos. Sánchez de Pablo recordó que los Servicios Sociales son una competencia impropia del Ayuntamiento de la que, además, el Gobierno Regional no se hace cargo de ella por completo, sino que «realmente solo paga el 57% del gasto social en Daimiel».

El sistema actual de financiación traslada a los ayuntamientos una importante carga que provoca que las administraciones locales como la de Daimiel, que ya sufre una situación de sobreendeudamiento. De esta manera, el portavoz popular solicitó «unión por parte de todos los partidos políticos, así como la actuación de la Federación Española de Municipios y Provincias para corregir este problema estructural y asegurar la prestación de los Servicios Sociales».

En su intervención, el portavoz de Izquierda Unida, Galo Sánchez Bermejo, coincidió en esa necesidad de acuerdo de todos los partidos, subrayando la importancia de «dotar de estabilidad a los profesionales de los Servicios Sociales, un pilar básico del Estado de Bienestar que necesita fuerza, potencia y de más fondos». En este sentido, Sánchez Bermejo consideró necesario un aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas. Finalmente, la coalición rojiverde se abstuvo en la votación.